El traspaso de 1,500 millones de lempiras del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al régimen de Enfermedad Maternidad (EM) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es parte de una de las líneas de investigación del Ministerio Público.
Según la ley, los tres regímenes de atención, en este caso, Riesgo Profesional, IVM y EM gozan de separación financiera y contable y bajo ninguna circunstancia podrán transferirse fondos de un régimen a otro ni destinarse a otros fines que no sean los señalados en la ley y los reglamentos que al efecto se emitan.
A pesar de la ley, al parecer las autoridades incumplieron la normativa puesto que destinaron fondos de IVM para sufragar otros gastos de la institución.
Según se conoció en enero del 2011, estos fondos serían utilizados en la compra de 600 millones de lempiras en medicamentos, las mejoras de edificios y otras inversiones en equipo y materiales, esto según declaraciones de Carlos Montes, quien en ese entonces presidía la Junta Directiva del IHSS.
Para ese entonces, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) recomendó hacer un análisis de cómo se encontraban los fondos destinados a IVM, porque existían deudas pasadas del IVM con EM y era necesario “hacer una readecuación interna”.
Según consta en registros de medios de comunicación escritos, para el 1 de febrero del 2011 la Junta Directiva del IHSS aprobó por mayoría de votos la primera transferencia de 400 millones de lempiras del régimen de IVM a EM.
Según la Fiscalía, la totalidad de los fondos (1,500 millones de lempiras) fue transferida durante el período 2011-2012.
Fuera de ley
Según el abogado German Leitzelar, miembro de la junta interventora del IHSS, la ley del Seguro Social es clara e indica que por ningún motivo los fondos de un régimen a otro deben ser transferidos.
“No se puede, de conformidad con la ley, cuando a mí me tocó presidir esa institución, por mi condición de Ministro de Trabajo en el gobierno de Ricardo Maduro, en esa época nosotros reorganizamos el sistema contable del EM y del IVM”, explicó Leitzelar.
“Se creó también otro régimen que se llama Riesgos Profesionales, para evitar que se afectaran los fondos del IVM, se emitió una reforma a la ley que prohíbe totalmente, por ninguna razón y por ninguna forma que se utilicen o se transfieran fondos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte a cualquier otro régimen”, señaló el togado.
Indicó que esta prohibición quedó establecida dentro de la ley a partir del gobierno de Ricardo Maduro, cuando se logró una reorganización de la institución que provocó un superávit de más de 48 millones de lempiras.
Señaló que la acción del traspaso de fondos constituye un delito, sin embargo, la calificación o tipificación del mismo tendrá que hacerlo el Ministerio Público que deberá también tomar en cuenta la razón por la cual se realizó la transferencia.
a la Fiscalía la facilitación de la información para constatarla.
El exdiputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu) lamentó que la institución haya decaído a la vista de una junta directiva que toma decisiones de forma tripartita.
“En estos dos últimos períodos que han transcurrido el instituto se encuentra en una situación sumamente grave, con enormes deudas y con problemas de falta de flujos, de fondos, para la atención que se requiere”, comentó.
“Hubo deficiencia en el sistema de gobierno, un sistema no adecuado para administrar los sistemas de seguridad social, no se ha tenido o no se han seleccionado adecuadamente las personas que deben manejar estas instituciones”, agregó.
Dentro de 15 días la junta interventora tendrá que entregar al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, un informe preliminar con señalamientos y recomendaciones de posibles soluciones para transformar la institución.
