TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras amaneció este martes en un tenso ambiente político y social a pocas horas de la impredecible elección del fiscal general en el Congreso Nacional y el anuncio de una masiva protesta oficialista organizada y orquestada por la propia presidencia de la República.
Miles de empleados públicos y activistas del partido izquierdista Libre han sido convocados para este martes a la Casa Presidencial y de allí partir hacia la sede del Poder Legislativo.
El objetivo de la marcha, convocada expresamente por la presidenta Xiomara Castro, es manifestar el apoyo al gobierno y a las políticas de “refundación del país con un fiscal”, que según la oposición, quiere imponer el Poder Ejecutivo.
Para elegir al fiscal general se requiere una mayoría calificada en el Poder Legislativo integrado por 128 diputados, es decir 86 votos, algo que el partido oficialista está lejos de tener, pues apenas cuenta con 50 parlamentarios.
Las distintas fuerzas políticas opositoras han expresado su rechazo a la pretensión de la presidenta Castro de imponer un fiscal, pero además de crear un ambiente de zozobra y tensión en el país.
Para algunos sectores, Honduras se aboca este martes a las puertas de una crisis política y social que profundizará aún más la grave situación del país, sumergido en una vorágine de violencia, desempleo y una hemorragia migratoria indetenible.
El principal partido opositor, el Partido Nacional, se ha mantenido en los últimos dos meses en una rebeldía en el Congreso Nacional y ha denunciado la intolerancia, autoritarismo, totalitarismo de la Junta Directiva de la cámara legislativa.
Los diputados nacionalistas han orquestado interrupciones al desarrollo de las sesiones con silbatos y gritos, algo que los parlamentarios oficialistas tildan de actividades terroristas, pero que son las mismas armas que ellos usaron cuando estaban en la oposición.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha actuado fuertemente contra la oposición y ha hecho cosas que jamás se habían visto en la cámara legislativa como introducir decenas de guardaespaldas, registros minuciosos a los diputados, impedir acceso o incluso mantenerlos retenidos en salas del edificio.
Militares y policías
La situación se ha visto más complicada cuando los militares -una especie de casta social con mucho poder y con cierto nivel de imagen positiva en la opinión pública- tomaron partido en la crisis a favor del partido Libre.
En un evento militar de la Fuerza Naval la semana pasada, el jefe castrense, general José Fortín, en un inusual discurso, acusó a un grupo de militares retirados de fraguar un golpe de estado.
Fortín señaló los nombres de los generales retirados, algunos de ellos convertidos en políticos y les pidió que no planifiquen golpes de estado y que ahora lastran esa imagen de golpistas tras la expulsión del poder en 2009 del entonces presidente Manuel Zelaya.
Después del discurso del militar, la Policía de Honduras sacó un comunicado en el que anunció la integración de un equipo de investigación para que identifique a aquellos que buscan desestabilizar al gobierno.
El discurso del militar y el comunicado de la Policía provocaron una ola de repudio de analistas, oposición, iglesia y hasta de la tímida empresa privada, llamando a estas fuerzas a mantenerse al margen de las discusiones políticas y cumplir el mandado de dar seguridad y orden al país.
Fortín ha sido el más cuestionado porque los militares siempre han sido prudentes en su conducta pública y algunos lo han tildado de un ruin militar que busca quedar bien con el gobierno izquierdista ya sea para seguir sirviendo en el cargo o que le den otro puesto cuando finalice su periodo a finales de este año.
Los partidos políticos rechazan
El Partido Liberal en un comunicado fue de los primeros en llamar al orden a la cúpula militar y en un comunicado expuso que “vemos con preocupación que las Fuerzas Armadas y la policía hagan pronunciamientos políticos basados en especulaciones”.
Y añade que la Constitución de la República precisa el rol a militares y policías “las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante” mientras que ”la Policía Nacional es una institución profesional apolítica en el sentido partidista de naturaleza puramente civil”.
“Por tanto, condenamos la injerencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los asuntos políticos de nuestra nación y exigimos que cumplan con su misión constitucional”, dice el Partido Liberal, cuyo presidente Yany Rosenthal fue ministro en el gobierno de Manuel Zelaya.
En esta misma línea se pronunció el principal partido de oposición, el Nacional, a través de un comunicado que llama al orden a los militares y pide al gobierno no intervenir en asuntos de otros poderes.
“El Partido Nacional de Honduras expresa su profunda preocupación y rechazo ante las recientes acciones del jefe de las fuerzas armadas de nuestro país, que evidencian una clara intromisión en asuntos políticos y un intento de establecer una relación estrecha con el gobierno de izquierda. Esta situación representa una clara violación de los principios democráticos y del orden constitucional”, dice.
Expresa su preocupación por la situación que se avecina este martes, cuando el gobierno pretende elegir al Fiscal General de la República de manera forzada, usurpando los curules del Congreso Nacional.
“Esta actitud es contraria a los principios democráticos y vulnera el debido proceso, la transparencia y la pluralidad necesarios para una elección justa y legítima”, subraya.
“Además, nos preocupa profundamente la convocatoria de una marcha de empleados públicos por parte del gobierno, la cual podría generar tensiones y potenciales riesgos para la integridad física de los diputados del Congreso Nacional”, advierte.
El Partido Salvador de Honduras, la cuarta fuerza política en el Congreso Nacional, también se sumó a los reclamos a los militares y al gobierno.
“Condenamos, cualquier acto antidemocrático, que pueda entenderse como una violación a la Constitución de la República, lo anterior, en relación, a la convocatoria a movilizaciones que perturban el funcionamiento del Congreso Nacional, utilizando para ello, la logística de varias instituciones del Estado, generando una intromisión en la independencia de los poderes del estado. Asimismo, condenamos, los supuestos rumores de un eventual golpe de estado, ya que, se trata de un tema de seguridad nacional”, precisan.
Solicitamos respetuosamente, a las FFAA, actuar, según lo que establece la Constitución de la República en su artículo 272, en defensa del estado de derecho, como una institución apolítica, y a la Policía Nacional, que cumpla su mandato de servir y proteger al pueblo hondureño, por lo que, esperamos, que la movilización que se ha programado para el día veintinueve (29) de agosto del presente año, organizada bajo la exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, se desarrolle de forma pacífica, y sea, solo un medio para la libertad de expresión ciudadana”, plantea.
La marca del oficialismo
Así las cosas, el país centroamericano llega este martes sumergido en tenso y hostil ambiente que pudiera desencadenar en violencia política, según advierten expertos y analistas.
El gobierno de la presidenta Castro no sólo ha llamado a sus bases a una marcha sino que ha dispuesto de todo el aparato gubernamental para la logística de la misma.
En videos que circulan en la redes sociales se ven a decenas de empleados públicos en diferentes instituciones en preparativos a la marcha de este martes.
Según cálculos de sectores opositores, el gobierno ha destinado un mínimo de 2 millones de dólares en asuntos logísticos para la marcha como alimentación y transporte.
Incluso, de forma insólita e inaudita, habilitó un complejo deportivo para albergar a los activistas políticos que vengan del interior del país y para ello mandó a fumigar el centro y dotó de colchonetas y servicios de agua y saneamiento.
Los activistas de Libre, una compleja red orquestada en todo el país en células, suelen ser agresivos y violentas por eso se teme que este martes la marcha sea de todo menos pacífica.
Los llamados “Colectivos de Libre” por ejemplo han mantenido en ingobernabilidad el sistema de salud, educación y otras áreas importantes al tomarse las instalaciones exigiendo la contratación de activistas políticos.
Sectores de la oposición temen que este martes, estos colectivos, coordinados por el expresidente Manuel Zelaya, quien funge como asesor presidencial, en realidad asalten el Congreso Nacional y se de lo que algunos llaman un autogolpe de estado.
Zelaya es, para algunos, el poder detrás del trono que se presenta como un asesor presidencial pero que incluso dirige o participa en los Consejos de Ministros, quita o pone funcionarios y dicta políticas de acción.
De hecho, para elegir la actual Corte Suprema de Justicia Zelaya jugó un rol destacado y logró imponer una mayor de magistrados afines a su partido en extensas negociaciones con los partidos de oposición.
Algunos consideran que el objetivo de esta semana es ir avanzando en un plan de Zelaya para continuar en el poder y por eso llaman autogolpe.
Uno de los que ha señalado esta pretensión es el actual designado Salvador Nasralla, quien con sus votos contribuyó a que la izquierda llegara al poder pero ahora mantiene una acérrima relación de conflicto con la familia Zelaya.
Nasralla, un popular comunicador de televisión que ha incursionado en la política, es ahora una de las principales voces opositoras, que no se mide al momento de criticar al gobierno.
En un mensaje publicado en sus redes sociales esta semana alertó de los he puede pasar este martes en el país.
“Esto es grave. Martes 29 de agosto auto golpe de estado en Honduras. Lo triste es que las personas que van a asistir porque están amenazados de perder su empleo, no saben que están cavando su propia tumba para perder sus pocas cosas. Prepárense para emigrar de Honduras después de la marcha. Fidel, Chávez y Mel no les van a ayudar. La única clase privilegiada será el familión que usurpa el poder en Honduras”, dijo.
Empresa privada llama al diálogo
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó a respetar el Estado de Derecho, como ser la independencia de los Poderes del Estado, en la elección del fiscal.
Durante una conferencia de prensa, el Cohep dijo que “el Congreso Nacional de la República debe de elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público con el voto favorable de al menos 86 diputados y diputadas que constituyen las 2/3 partes del Congreso Nacional, lo anterior en cumplimiento del artículo 233 de la Constitución de la República y el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, cargos que deberá de ser ejercido por un período de 5 años”.
Además, exhortó a los congresistas a dejar atrás la “ingobernalidad y falta de tolerancia que ha caracterizado al Poder Legislativo. Es tiempo de dejarnos de excusas y que se cumpla con la función legislativo en beneficio del pueblo”.
Escuelas privadas suspenden clases
La movilización que realizará el partido Libertad y Refundación (Libre) en la capital pone en alerta a los directores de centros educativos privados.
En ese sentido y para salvaguardar la integridad de los estudiantes, las autoridades de varios centros escolares del sector no gubernamental decidieron suspender las actividades académicas presenciales.
A través de comunicado, algunos centros educativos de la capital informaron a los padres que las actividades académicas se desarrollarán a través de las plataformas virtuales.
No obstante, en el sector público, las clases se realizarán normalmente; el ministro de Educación, Daniel Sponda, manifestó que “como Secretaría no vamos a suspender las clases y respetamos la libertad de los padres de familia y que tomen sus decisiones”.
