Las denuncias sobre abusos llegan de uno y otro extremo. Los pobladores de la comunidad de El Tránsito no ceden en su afán de no permitir que se explote una zona minera, que es propiedad privada, mientras que los dueños del área aseguran que tan solo pretenden extraer oro de forma artesanal, en carácter de subsistencia.
El conflicto se ha agudizado en los últimos días, luego que los pobladores denunciaran que han sido amenazados con disparos, mientras que los celadores que permanecen en la propiedad aseguran que ellos también han sido amenazados de muerte.
José Meza, representante de los pobladores, dijo que los guardias que han contratado los propietarios del área permanecen bien armados.
“Les solicitamos a las autoridades de la Fiscalía actuar lo más pronto posible, ya que estamos cansados de que personas ajenas a la comunidad nos vengan a quitar la paz”, manifestó Meza.
Las autoridades de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Geología y Minas (Ingeomin), visitaron la comunidad el 24 de marzo para investigar las denuncias que han presentado los pobladores, pero aún no brindan un dictamen sobre lo que se encontró en la zona.
En las últimas horas se reportó otro incidente, luego que agentes de la Policía Nacional trataran de ingresar a la comunidad para llevarles alimentación a los guardias que se encuentran en la propiedad, en apoyo a los dueños de la mina, por lo que los vecinos les bloquearon el paso.
El hijo de la propietaria de las tierras, Eduardo Valle, por su parte denunció que la población está aplicando su propia ley y no permite que sean las autoridades quienes diriman el problema.
“Los guardias que están en la minera podrían morir de hambre si no se alimentan. En ningún momento mis trabajadores han disparado en contra de los pobladores sino que ha sido al contrario, ellos están armados y en las noches buscan a los trabajadores para dispararles”, dijo Valle.
La denuncia sobre lo acontecido, según Valle, será interpuesta una vez más ante las autoridades competentes.
“Hago un llamado a las autoridades policiales para que intervengan en este problema, para no llegar al extremo de que se pierda una vida humana”, expresó Valle.
Ante los últimos hechos, tres elementos de la Policía Nacional y militares han permanecido en la zona.
El área que en la actualidad ha sido objeto de disputa entre vecinos y propietarios es de 12 manzanas de terreno.
La zona donde se encuentran los antiguos túneles mineros fue adquirida por el padre de Valle para explotarla, pero al cabo de unos años quedó abandonada y en la actualidad se pretende reactivar.
