La suspensión de jueces por incurrir en supuestas irregularidades impacta la impartición de justicia en la materia civil.
La semana anterior, EL HERALDO informó del limbo en que se encuentran algunos juicios orales que se venían manejando en Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa y San Pedro Sula por la suspensión del cargo de tres jueces.
Similares consecuencias enfrenta lo que refiere a la materia de justicia civil.
Desde que asumió funciones el Consejo de la Judicatura, separó del cargo a 40 funcionarios judiciales, de estos 25 jueces fueron suspendidos del cargo.
De los jueces suspendidos, tres son de materia civil, según el reporte oficial del Consejo de la Judicatura. El 3 de diciembre de 2013 fue suspendido del cargo Mario Gerardo Ramírez Flores, juez de Letras Civil de San Pedro Sula; el 30 de enero de 2014 se suspendió del cargo a Carlos Octavio Rivas, del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa; el pasado 12 de febrero se suspendió a Milton Rubén Sandoval Mejía, de la misma sede judicial.
Esta situación activó las alarmas en las autoridades sobre el futuro de los expedientes que venían conociendo estos jueces y la carga procesal que se les viene encima ante la falta de juzgadores.
La suspensión de jueces en materia civil tiene incidencia en la carga procesal que tenían asignada, manifestó la magistrada coordinadora de la Sala Civil,
Edith María López, en declaraciones a EL HERALDO. “Toda esa carga momentáneamente está detenida hasta que no nombremos un sustituto que la vaya a impulsar y le dé todo el trámite”, agregó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
López se reunió recientemente con autoridades del Centro de Justicia Civil para abordar la problemática. Y es que solo en el pasado mes de enero, el Centro de Justicia Civil recibió 953 demandas, lo que eleva la carga laboral.
Hay abogados que se quejan por la reprogramación de audiencias por demandas que quedan pendientes por la suspensión de los tres jueces.
Las audiencias se están reprogramando hasta para junio y julio debido a que las agendas del resto de jueces está llena. La secuencia del proceso judicial se interrumpe, lo que provoca retardo de justicia.
“Estamos teniendo problemas debido a estas suspensiones”, dijo. A esto se suma el personal que se encuentra incapacitado con prenatal.
Este juzgado conoce asuntos civiles, de familia o mercantil.
Llamar a jueces de Paz
En vista que decenas de expedientes se encuentran paralizados, se solicitó al Consejo de la Judicatura el nombramiento urgente de quienes sustituirán a los tres suspendidos.
Una alternativa que se plantea es el traslado de jueces de Paz para cubrir las vacantes de manera provisional, mientras demore la investigación a los suspendidos. “Creemos que lo más conveniente es que trasladen los jueces de Paz a esta judicatura de Letras”, manifestó la magistrada.
Al mismo tiempo, que los jueces de Paz puedan ser suplidos con los jueces de Depuración. “Así no paralizaríamos los procesos y no afectaríamos a los usuarios, quienes son nuestro principal propósito”, indicó.
Los jueces de Paz manejan menos carga procesal, por eso se maneja la alternativa del traslado provisional. “Esperemos que el Consejo resuelva pronto este nombramiento de los jueces sustitutos, sea temporal o definitivo”, expresó López.
A diferencia de los jueces de Sentencia, los juzgadores en materia civil que de inicio conocen una demanda no necesariamente el mismo deba dictar un fallo.
El artículo 181 del Código Procesal Civil establece una excepción que, en caso de suspensión en el cargo de un juez, se puede nombrar un sustituto. “Por suerte en el proceso civil se previó esta situación”, concluyó la magistrada.
Pruebas de confianza
Relacionado al tema, EL HERALDO informó de la publicación en el diario oficial La Gaceta de una reforma a la Ley del Consejo de la Judicatura que autoriza la aplicación de más pruebas de confianza al personal judicial.
Además de la patrimonial, el Consejo ahora aplicará las pruebas del polígrafo, toxicológicas y psicométricas de manera obligatoria a todo el personal. A excepción del polígrafo, el reprobar cualquiera de las otras pruebas será causal de despido.
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) se opone a la prueba del polígrafo. El vicepresidente de la AJD, Mario Díaz, dijo que nadie debe ser sometido a esta prueba, que va en contra de la integridad física, emocional y psicológica de la persona. Refirió que si esta prueba está prohibida para los imputados, lo debe ser para los jueces. Sobre las demás pruebas dijo no tener objeción a someterse ya que anualmente son evaluados.
