Tegucigalpa, Honduras.- La directora general de Servicio Civil, Jimena Casasola, aclaró este miércoles que la circular emitida por la administración del presidente Nasry Asfura no revoca de manera directa los contratos laborales heredados del gobierno anterior.
Casasola explicó que la determinación solo deja sin valor los dictámenes que autorizaron contrataciones que traspasan el período gubernamental sin cumplir con los requisitos legales.
Casasola explicó que "la declaratoria no menciona la cancelación de contratos como tal, pero sí desautoriza los dictámenes aprobados bajo la circular 28-2025, emitida el 30 de diciembre de 2025, al considerar que estos carecían de disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026".
Según detalló, al momento de emitirse dichos dictámenes no existía un presupuesto aprobado ni prorrogado por la Secretaría de Finanzas para 2026, lo que invalida legalmente la prolongación de esos contratos hacia el nuevo período de gobierno.
La funcionaria señaló que la circular debe analizarse en profundidad, ya que la responsabilidad de tomar decisiones corresponde a cada secretario de Estado, quienes deberán revisar los casos en los que se detectaron anomalías legales y falta de fundamento jurídico.
Casasola indicó que el Servicio Civil continúa en un proceso de "revisión de los dictámenes", muchos de los cuales no estaban finalizados ni contaban con respaldo presupuestario, por lo que deberán regularse conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
Asimismo, informó que se han identificado más de 150 dictámenes en esta situación, sin embargo, no precisó el número exacto de servidores involucrados.
La funcionaria reiteró que toda contratación en el sector público debe cumplir con los requisitos legales y contar con disponibilidad presupuestaria debidamente acreditada para tener validez.
Las declaraciones surgen luego de que el gobierno de Nasry Asfura dejara sin efecto este miércoles -4 de febrero- disposiciones administrativas del gobierno de Xiomara Castro que buscaban otorgar estabilidad laboral a empleados contratados durante la gestión de Libertad y Refundación (Libre).
