El Consejo de la Judicatura afirmó que las separaciones de jueces se enmarcan en la legalidad. Hasta la fecha, 40 funcionarios judiciales fueron suspendidos y destituidos por supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo.
El pasado miércoles, el Consejo notificó la suspensión del cargo de cuatro jueces y dos empleados. Entre los sancionados se encuentra el caso de Jilman Nolasco, quien se venía desempeñando en el cargo de magistrado interino de la Corte de Apelaciones de Copán. Según informe de Inspectoría de Tribunales, mientras fungió como juez de Lempira, en julio del año anterior, habría dictado de forma irregular un sobreseimiento provisional a favor del colombiano Rubén Darío Pinilla, acusado por narcotráfico.
Nolasco se molestó al conocer que fue suspendido del cargo por este motivo. “Estoy sumamente indignado y molesto con la decisión que ha adoptado el Consejo de la Judicatura”, dijo. Aseguró que actuó correctamente, que no se le informó qué falta cometió. “Yo me he sentido limpio, se me investigaba por un supuesto dinero que yo había recibido, les dije que estaba abierto a una investigación completa y exhaustiva de todo lo que tengo, todo mi patrimonio”, recomendó.
En torno a la libertad que otorgó al colombiano Pinilla aclaró que fue en respuesta a una petición del Ministerio Público de decretar un sobreseimiento provisional. “Opté por un sobreseimiento provisional porque no habían elementos”, explicó Nolasco, quien expuso que sale con la frente en alto.
Según el Consejo de la Judicatura, Nolasco no remitió la causa a un juez con jurisdicción nacional.
Aseveró que el Consejo quiere levantar perfil, que existe una “presión mediática”. “La suspensión es una medida gravosa que lastima tanto mi dignidad, mi honor y mi trabajo. Salgo por la puerta de atrás”, dijo. “Yo tengo la altura moral para decirles a ellos (al Consejo) que no han actuado correctamente contra mí, eso de trata de puro show mediático”, agregó Nolasco.
Legal
Los señalamientos de Nolasco y de otros jueces que cuestionan el mecanismo de depuración fueron desvirtuados por el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
“El Consejo de la Judicatura ha sido muy respetuoso de la Ley del Consejo de la Judicatura, de la Constitución, respetuoso de la independencia de los jueces y magistrados”, aseguró. Por consiguiente, afirmó que las resoluciones adoptadas se enmarcan en la legalidad. “No se está violentando la ley, no se está suspendiendo con arbitrariedad, sino que se está siguiendo un debido proceso”, subrayó. Como prueba reseñó que previo a ser suspendidos, los jueces tuvieron la oportunidad de exponer en una primera audiencia sus argumentos ante un inspector.
El propósito del Consejo, sostuvo, es ejercer acciones para transparentar la administración de justicia. Para ello los jueces no están blindados para no ser investigados, dijo. Remarcó que el compromiso del Consejo de la Judicatura es con la ley, con la Constitución, de dar al pueblo hondureño justicia transparente y con prontitud.
