Tegucigalpa, Honduras.-El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, llegó este miércoles 19 de agosto ante los tribunales para la audiencia de declaración de imputado, luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra por delitos relacionados con la libertad de prensa y expresión.
A su llegada afirmó que confía plenamente en la justicia hondureña y mencionó que estaba para responder ante las acusaciones en su contra.
La diligencia fue reprogramada después de que la audiencia inicialmente prevista para el 7 de agosto no se realizara a solicitud de la defensa de Hernández. La nueva fecha quedó establecida para este miércoles, cuando el órgano jurisdiccional conocerá los señalamientos formulados por la Fiscalía y los planteamientos de las partes.
El requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. Hernández es acusado de los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
Investigación
La investigación está relacionada con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 desde el periódico digital institucional de las Fuerzas Armadas. Uno de los principales elementos señalados por la Fiscalía es una publicación del 26 de mayo de 2025 titulada “Sicarios de la verdad”, en la que fueron mencionados los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. Según el requerimiento, el contenido fue replicado a través de redes sociales y medios oficiales de la institución castrense.
El Ministerio Público sostiene que esas publicaciones habrían contribuido a estigmatizar a los comunicadores y afectar su honra, reputación y ejercicio profesional.
Como parte de las diligencias se incorporaron al expediente publicaciones, testimonios y material audiovisual y digital, además de un peritaje especializado solicitado durante la investigación.
En febrero de 2025, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó las acciones impulsadas por el entonces jefe militar para que medios de comunicación revelaran sus fuentes informativas. Estas acciones estaban dirigidas contra 12 medios por publicaciones e investigaciones relacionadas con la institución castrense.
En abril de 2025, el CPH volvió a denunciar actuaciones de las Fuerzas Armadas que, según el gremio, constituían amenazas contra la libertad de prensa. La organización reaccionó entonces ante el anuncio de una denuncia contra el medio Q’hubo TV por su cobertura de irregularidades durante las elecciones primarias.
Meses después, en noviembre de 2025, el CPH exigió a las Fuerzas Armadas rectificar expresiones difundidas desde su medio digital contra periodistas y medios de comunicación. El gremio señaló en esa ocasión que los mensajes buscaban criminalizar y estigmatizar a comunicadores.
Las denuncias también llegaron formalmente al Ministerio Público. En marzo de 2026, el periodista Dagoberto Rodríguez presentó una denuncia contra Hernández y miembros de la entonces Junta de Comandantes por presuntas agresiones, amenazas, difamación e injuria, además de posibles afectaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la imagen, integridad y seguridad de periodistas.
Niega todo
Tras conocer el requerimiento fiscal, Hernández manifestó que comparecería ante las autoridades y negó estar detrás de las publicaciones señaladas en la investigación. El exjefe militar sostuvo que las actuaciones de las Fuerzas Armadas estuvieron amparadas en la libertad de expresión y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
La defensa del exjefe militar también ha promovido acciones legales relacionadas con el proceso. La audiencia del 7 de agosto fue suspendida luego de que sus abogados solicitaran el cambio de fecha por un conflicto de agenda judicial.
Por su parte, los periodistas agraviados han solicitado que el proceso avance conforme a la ley. La audiencia de este miércoles 19 de agosto representa una nueva etapa del expediente y permitirá conocer la posición formal de Hernández ante los cargos que le atribuye el Ministerio Público.
