Historia
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Tegucigalpa, Honduras.- Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, hizo pública una carta dirigida hacia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el escrito, instó a los magistrados que aboguen por el respeto al debido proceso, enfatizando al mismo tiempo que es inocente de los cargos que está enfrentando por lo sucedido en el golpe de Estado de 2009.
Unas de las acusaciones es involucramiento directo en el asesinato de Isy Obed Murillo durante las protestas luego del golpe de Estado.
Actualmente, el general en condición de retiro tiene una orden de captura y se encuentra entre los 10 hondureños más buscados con una captura de 3.5 millones de lempiras, para quien brinde información que dé con él.
A continuación la carta íntegra:
Honorables Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:
Me dirijo a ustedes con respeto, pero con la firmeza que exige el momento histórico que vivimos. Lo hago como ciudadano hondureño, como general en condición de retiro y como hombre que ha servido a la patria con lealtad, bajo la bandera de la ley, el honor y la defensa de la democracia.
Hoy, junto a otros dos generales, enfrentamos un proceso judicial viciado, sin pruebas reales, basado en una construcción política que pretende convertirnos en culpables de una crisis que no generamos. Se nos acusa falsamente con medios manipulados, pruebas fabricadas y testigos inducidos.
Se ha violentado el debido proceso, quebrantado el principio de legalidad y vulnerado nuestras garantías constitucionales más básicas, poniéndonos en un estado evidente de indefensión.
Lo verdaderamente grave no es solo la injusticia contra nosotros, sino el precedente nefasto que se está sentando en Honduras: que un ciudadano puede ser acusado sin evidencia, juzgado por conveniencia y condenado por intereses ajenos a la verdad. La justicia, que debe ser la columna vertebral del orden democrático, está siendo instrumentalizada para fines políticos.
La historia nos enseña que las grandes crisis sociales y las guerras civiles nacen cuando se pierde la confianza en la justicia. Honduras está al borde de esa ruptura. La población sufre la impunidad de los verdaderos responsables de la corrupción, el narcotráfico y el autoritarismo, mientras se persigue a quienes defienden el orden constitucional en un momento crítico de nuestra historia.
En 2009, las Fuerzas Armadas actuaron conforme a la ley. El Poder Judicial ordenó la detención de un presidente que intentaba imponer un proyecto al margen de la Constitución. El Congreso designó a un presidente interino. Nosotros cumplimos la ley, y quienes nos acusan fueron entonces los primeros en validar ese proceso.
¿Cómo puede ahora, bajo una nueva correlación política, cambiarse el relato, fabricar culpables y omitir que la verdadera responsabilidad de aquella crisis recae en quien intentó romper el orden democrático con apoyo externo?
La Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad histórica de corregir esta deriva peligrosa. No se trata de defender personas, sino de defender principios. Si se permite que se mantenga una acusación sin pruebas, basada en intereses políticos y no en hechos comprobables, estaremos abriendo las puertas al caos y a la persecución sin límites.
Como hondureños, tenemos derechos consagrados en la Constitución, en tratados internacionales y en el espíritu de la justicia universal. No puede haber justicia sin verdad. No puede haber condena sin evidencia. No puede haber paz mientras se utilice la ley como arma de represión.
La justicia no debe servir al poder, sino a la verdad. Mi voz no es solo por mí, sino por Honduras. Por un país que quiere vivir en paz, con instituciones que respeten al pueblo y que no se dobleguen ante agendas ideológicas o presiones del régimen. Por eso, con la fe puesta en Dios, con valor y determinación, seguiré firme. Porque cuando la justicia calla, la conciencia debe hablar.
