Tegucigalpa, Honduras.- "Estoy siendo objeto de una persecución política", expresó en un comunicado de prensa el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, tras los señalamientos del Ministerio Público contra su yerno, Steven Fajardo.
En su escrito, Contreras aseguró que el requerimiento fiscal de la Fiscalía "constituye un ataque directo contra mi familia y contra la democracia de Honduras, a 67 días de las elecciones generales".
En consecuencia, afirmó que como alcalde y candidato a la reelección por la Municipalidad de San Pedro Sula, "estoy siendo objeto de una persecución política. La intención es inhabilitarme, utilizando la 'justicia' como instrumento político. Este ataque era algo que ya esperábamos".
El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó un requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula por un presunto fraude que supera los 45.5 millones de lempiras.
Según las investigaciones, entre julio de 2023 y abril de 2024 se adjudicaron de manera irregular 33 contratos a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados a proyectos de mejoramiento vial que en su mayoría no se ejecutaron.
Las pesquisas revelan que los contratos fueron fraccionados con el propósito de evadir los procedimientos de licitación pública, adjudicando 26 de forma directa y siete por licitación privada.
Además, la empresa beneficiada incumplió requisitos legales, como la presentación de garantías de anticipo y la nómina del personal técnico.
A pesar de estas irregularidades, los pagos fueron autorizados por funcionarios municipales sin informes de avance ni verificación de obras. Entre los proyectos incumplidos se encuentran la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona de El Merendón.
Entre los acusados figuran Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representantes de HERCOD; Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del actual alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo Hernández, tío de Steven Fajardo; además de varios ex y actuales funcionarios municipales, entre ellos: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Mena Gómez, Xavier Lacayo Delgadillo, Luis Enrique Saa y Walter Cartagena Villagra.
A todos se les imputan delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias y lavado de activos.
El requerimiento también señala que Steven Fajardo, sin ostentar cargo en la municipalidad, sostuvo reuniones con funcionarios y representantes de empresas que simularon competir como oferentes.
Posteriormente, se habrían realizado operaciones de lavado de activos para ocultar el origen ilícito de los recursos, mediante transferencias superiores a 5.9 millones de lempiras que terminaron en manos de Fajardo, a través de su tío Josué David Fajardo y de terceras personas.
