Tegucigalpa, Honduras.- La presentación de requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha generado una ola de reacciones entre analistas, sectores empresariales y representantes de la oposición, quienes advierten sobre el riesgo institucional y el impacto en el proceso electoral que se desarrollará en menos de tres semanas.
El analista político Lester Ramírez calificó como “muy peligroso” el intento de judicializar un tema “meramente electoral”, al considerar que esta acción podría dejar acéfalo al Tribunal.
“Lo que pretenden es dejar acéfalo al Tribunal de Justicia Electoral para que entren los suplentes que, lo más seguro, están alineados al partido del gobierno”, advirtió Ramírez, quien llamó a reducir los niveles de conflictividad.
“Ya no se debe ser impulsivo; el proceso electoral viene en 19 días y necesitamos tener una institucionalidad que responda al llamado del órgano electoral y de la justicia electoral”, subrayó.
Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, coincidió en que el accionar del Ministerio Público “es incorrecto” y pone en riesgo la estabilidad del proceso electoral.
“Ya les fue mal en sus requerimientos fiscales y les volverá a ir mal. Es incorrecto lo que está haciendo el Ministerio Público, poniendo en riesgo la estabilidad y la seguridad de las elecciones”, manifestó.
Urtecho también respondió a las declaraciones del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien calificó de “fracaso” el reciente simulacro del sistema TREP.
“Quiere que se lo diga en forma concreta: es tonto. Los simulacros son precisamente para detectar fallas y corregirlas. Él fue quien retrasó el calendario electoral insistiendo en el TREP y ahora lo critica; no son congruentes, lo que quieren es generar conflicto”, señaló el empresario.
Mientras tanto, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, calificó el requerimiento fiscal como “un golpe a la institucionalidad” y una maniobra del oficialismo para controlar el proceso electoral.
“Hay una pretensión por parte del oficialismo de boicotear el proceso electoral”, alertó Mena, al indicar que el hecho ha generado preocupación nacional e internacional por el debilitamiento de las instituciones democráticas.
La legisladora anunció que la oposición se mantiene en sesión permanente para definir acciones políticas.
“Estamos evaluando una interpelación al fiscal general y un posible juicio político”, informó, al enfatizar que el objetivo es “garantizar un proceso limpio y transparente” rumbo a las elecciones generales de 2025.
