El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RNP), reglamentará los polémicos traslados de domicilio que el ciudadano solicita cada vez que quiere ejercer el sufragio en otro lugar.
Estos traslados, que el año pasado sumaron unos cien mil, han sido utilizados por los políticos para cometer fraude electoral, especialmente en los niveles de diputados y corporaciones municipales.
Los traslados son a título personal, ninguna institución lo puede hacer de manera unilateral, pero generalmente los solicitantes son personas humildes que son inducidos por los caudillos políticos.
El subdirector técnico del RNP, Gerardo Martínez, informó que ahora se le pedirá a quien gestione una actualización domiciliaria una constancia de vecindad del lugar donde vive, un recibo de pago de servicio público y una constancia extendida por un patronato.
Si al momento de cotejar el número de tarjeta de identidad con la huella dactilar, que el interesado colocará sobre la solicitud de actualización, no coinciden los datos, tanto al recurrente como a quienes firmaron las constancias se les acusará penalmente.
Según el subdirector técnico, de esta forma se pretende evitar cualquier fraude electoral que los políticos pretendan cometer en las elecciones generales.
Rechazó los cuestionamientos que, sobre el tema de los traslados electorales, hicieron los candidatos presidenciales Mauricio Villeda y Salvador Nasralla.
“Los que están hablando de fraude dentro del Registro yo creo que no saben los procedimientos”, dijo Martínez.
