La propuesta de reforma a la Ley de Ministerio Público plantea un endurecimiento de los requisitos para ser jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
Se requeriría para ser titular esa unidad, según la propuesta, tener experiencia de 10 años comprobada en materia de combate contra el narcotráfico y ser parte de la carrera del Ministerio Público.
De preferencia, los candidatos tienen que ser miembros de la DLCN con rango de oficial superior.
Esto implicaría que el Consejo Nacional contra el Narcotráfico ya no haría una propuesta de tres candidatos al fiscal general para que elija al jefe de la DLCN.
El fiscal general siempre tendría la facultad de elegir al director de la DLCN, de acuerdo a la propuesta.
En la legislación de la Fiscalía General básicamente se imponen tres requisitos para ostentan ese puesto. La actual ley de esa institución solo habla de que el director de la DLCN debe de tener conocimiento o experiencia en la lucha a esa flagelo, pero no se dice qué tiempo de experiencia se debe de tener.
En esa norma vigente se impone como requisito que el jefe de la DLCN tiene que ser alguien con solvencia moral, tener título universitario y ser mayor de 30 años.
En la proposición de ley la edad para aspirar a esa dirección se sube a 35 años.
Integridad
También hay otras formalidades de aspecto moral y legal en la propuesta de ley que tiene que cumplir el aspirante, como la de no haber sido condenado por acciones dolosas en materia civil y penal, o sancionado en los tribunales por incumplimiento de los deberes familiares o por violencia doméstica.
Se exige, además, no tener deudas o cuentas pendientes con el Estado, tener una hoja de servicio limpia, haber aprobado el proceso de evaluación de confianza y el concurso respectivo.
Los mismos requisitos se establecen para el subdirector de la DLCN, un puesto cuyo procedimiento de selección no aparece en la actual ley del Ministerio Público.
Las asignaciones presupuestarias y fondos que provengan de fuentes nacionales o internacionales, así como los asignados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y donaciones orientadas a apoyar la lucha contra el narcotráfico, no podrán ser utilizados paraotros fines, dice el documento.
En la actual ley no se estipula nada referente al uso del presupuesto. Las Fuerzas Armadas deberán brindar apoyo táctico, logístico y operativo a la DLNC por medio de la Fuerza de Tarea Especializada, dice el documento, mientras en la ley vigente solo se dice que ese órgano armado le dará “cooperación”.
Hoy al Congreso
El proyecto de reformas a la Ley del Ministerio Público será introducido hoy al plenario legislativo, no obstante, la oposición de varios grupos que esgrimen inconvenientes jurídicos y políticos.
Estos inconvenientes están relacionados con la elección del fiscal general y del fiscal adjunto, en virtud que el oficialismo del Congreso en alianza con algunos diputados liberales, la UD y otros partidos pretenderían elegir en este Congreso a los nuevos titulares del Ministerio Público.
Varias propuestas están en el tapete de discusión del Legislativo; hay una presentada por la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública y otra como parte de los insumos que han aportado unas 70 organizaciones de la denominada sociedad civil, la Asociación de Fiscales y el mismo CN.
La Comisión Especial de Seguridad, mayoritariamente integrada por diputados nacionalistas, prácticamente ya decidió que el fiscal será electo una vez que sean publicadas en el diario La Gaceta las presentes reformas a la Ley del MP.
La selección
Publicado el decreto en La Gaceta, inmediatamente se instalaría la Junta Proponente integrada por siete representantes de diversos sectores, que llevarían a cabo el proceso de selección de cinco candidatos, cuya nómina sería remitida al Congreso para la elección del fiscal general y el fiscal adjunto por un período de cinco años.
La objeción jurídica de parte de grupos de la sociedad es que el período constitucional de los fiscales que renunciaron se cumple hasta el 14 de marzo de 2014, en consecuencia si se elige el fiscal por cinco años, inmediatamente después de aprobadas las reformas, el actual Congreso estaría invadiendo atribuciones del próximo Congreso.
La otra salida jurídica es que estos fiscales sean electos por este Congreso y que se deje establecido en el decreto de su elección que empiezan a fungir a partir del 15 de marzo de 2014, en tanto la Fiscalía sigue intervenida por una comisión o en su defecto el director de Fiscales asume la titularidad del Ministerio Público hasta cubrir el período constitucional.
Junta Proponente
La Comisión Especial de Seguridad concluyó ayer el trabajo de recolección de insumos y en cuanto a la integración de la junta proponente, existe ya la propuesta que se derivó de las mesas de trabajo, informó el diputado Tomás Zambrano.
En dichas mesas participaron unas 70 organizaciones y sería difícil que todas puedan formar parte de la Junta Proponente porque no podría ser operativa, dijo el legislador en torno a la participación de estos grupos.
En la propuesta que surgió de las cuatro mesas de trabajo está que la Junta Proponente la integren siete miembros: un representante de la
Corte Suprema de Justicia, un representante del Colegio de Abogados, uno de las universidades, otro de la Asociación de Fiscales, un representante de ONG conocedoras del tema de justicia y seguridad y un representante de la sociedad civil que maneja el tema de respeto a los derechos humanos, y un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Esta Junta realizaría el proceso de audiencias públicas de evaluación para escoger de acuerdo a la Constitución de la República una lista de cinco nominados.
Los grupos de trabajo dieron por descartada la participación del Comisionado de los Derechos Humanos, de manera que esta no es una decisión de la Comisión Especial del Congreso sino que se trata de recomendaciones de los grupos externos del Legislativo, aclaró Zambrano.
En estas reforma ya quedaría incorporada la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dependiente del Ministerio Público, así como el tema de la supervisión nacional; esta instancia podrá supervisar tanto al fiscal general como al fiscal adjunto y todo el equipo de fiscales especiales en los 18 departamentos del país.
