Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, advirtió sobre la posible aplicación del "lawfare" en el país, concepto que describe como la instrumentalización del Derecho y del sistema judicial con fines políticos.
A través de su cuenta en la red social X, Fernández reaccionó a la actual crisis institucional que vive Honduras a pocos días de las elecciones generales, y explicó que el lawfare representa "la distorsión del Estado de derecho y la conversión de los procesos judiciales en mecanismos de persecución o desgaste político".
"El proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de verdad y justicia, para convertirse en un escenario de manipulación estratégica, donde el Derecho se emplea como mecanismo de persecución, desgaste o exclusión", afirmó el académico.
Fernández agregó que el lawfare se manifiesta "en la judicialización de la política y la politización de la justicia, en la filtración mediática de expedientes, la fabricación de causas penales con sesgo ideológico y la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social".
El Lawfare es la instrumentalización del Derecho y del sistema judicial como arma política de poder, utilizada para deslegitimar, neutralizar o eliminar adversarios bajo la apariencia de legalidad.
— Odir Fernández (@UNAH_Rectoria) October 29, 2025
En términos garantistas, constituye una distorsión profunda del Estado de...
Tensión política en el CNE
La advertencia del rector ocurre en un contexto de alta tensión política tras los señalamientos del Ministerio Público sobre supuestos audios que involucrarían a Cossette López, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Tomás Zambrano, jefe de bancada del Congreso Nacional y a un militar activo de las Fuerzas Armadas.
El fiscal general, Johel Zelaya, informó que los audios serían parte de una investigación en curso. Días antes, el consejero Marlon Ochoa declaró poseer grabaciones que demostrarían una presunta planificación de crisis poselectoral entre una consejera y un dirigente político, aunque no aclaró el origen de ese material.
El abogado y analista Rafael Jerez cuestionó el anuncio del fiscal general, señalando que "no se ha verificado la autenticidad de los audios, pero ya se calificó un delito", lo que podría anticipar una conclusión sin sustento técnico.
Magistrados denuncian persecución
A la par, persiste la crisis en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia denunciaron presiones y amenazas luego de aprobar la inscripción de los candidatos Jorge Cálix y Cristhian Villalobos.
El magistrado presidente del TJE, Mario Morazán, denunció que su residencia amaneció rodeada por "órganos represores del Estado", mientras que la magistrada Barahona afirmó que existen intenciones del Ministerio Público de presentar requerimientos fiscales y órdenes de captura en su contra y la de su colega Flores Urrutia.
