El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra en la recta final para resolver si declara o no inconstitucional la ley que depura la Policía.
El presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, convocó a un pleno jurisdiccional a celebrarse este miércoles, a partir de las diez de la mañana.
En un punto de agenda se incluyó conocer y emitir sentencia definitiva en torno a los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Decreto Legislativo 89-2012, que contiene la Ley de Depuración Policial, publicada el 25 de mayo de 2012. Dichos recursos se acumularon en un solo expediente, fueron interpuestos por los abogados Teodoro Godoy, Salvador Ayala, Ludwing Zelaya y Óscar Cálix, entre otros.
El pleno tendrá que emitir un fallo definitivo luego que en la Sala Constitucional no existiera unanimidad entre sus cinco magistrados. Podrá ratificar lo resuelto por la mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional, modificarlo o revocarlo. La votación en la Sala resultó cuatro a uno. La Ley sobre Justicia Constitucional establece que si no hay unanimidad en la Sala el recurso deberá ser resuelto por el pleno, quien podrá resolver de forma unánime o por mayoría.
La Sala Constitucional encontró en el referido decreto seis violaciones a garantías constitucionales.
El expediente fue turnado desde la semana anterior a los 15 magistrados, para su estudio jurídico y así poder emitir su voto.
Cabe referir que el pleno emitirá una sentencia sobre un decreto que ya no tiene vigencia, la misma concluyó el pasado 25 de noviembre.
Magistrados de la Sala Constitucional afirmaron que las acciones de despido ejecutadas mientras el decreto estuvo vigente quedan firmes. Es decir que, en caso de declararse la inconstitucionalidad de la ley, no tendría efecto retroactivo, sino que la vigencia de la sentencia será a partir de la fecha en que esta se emita. No se descarta que el pleno no emita una sentencia el miércoles, sino el jueves o viernes, antes de irse de vacaciones a partir del próximo lunes.
Hay precedente sobre depuración
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya resolvió, hace nueve años, declarar inconstitucional una ley que violentaba garantías en la depuración policial.
Así lo recordó el Ministerio Público (MP) en el dictamen que emitió el pasado 7 de agosto a la Sala Constitucional, en relación a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en este año contra el Decreto Legislativo 89-2012, contentivo de la Ley de Depuración de la Policía. Dicho dictamen recomendó a la Sala Constitucional derogar dicho decreto, por violentar la Constitución de la República.
“Precedente de actuaciones estatales negatorias en la misma orden en que se aprobó el decreto 89-2012, ya existen en el país, en el cual la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional declaró la inaplicabilidad del decreto 58-2001, y se expulsó del orden jurídico nacional a través de las sentencias de fecha 13 de marzo del 2003, en los recursos de inconstitucionalidad presentados el 2 de agosto y 16 de diciembre del año 2001 por la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Lastenia Ondina Andino”, cita el dictamen del MP. Dichos recursos se interpusieron para pedir se declare la inconstitucionalidad y por consiguiente la inaplicabilidad del Decreto 58-2001, promulgado el 15 de junio de 2001, que autorizaba a la
Secretaría de Seguridad a retirar personal clasificado dentro de las escalas superiores, ejecutivas y de inspección de la Policía Preventiva, Policía de Investigación y Policía Especial, así como el personal de suboficiales, clases y agentes comprendidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
