El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, considera que los diferentes gobiernos han demostrado “ser incompetentes, ineficientes y negligentes en el manejo de sus propios medios de comunicación”. Además de eso, no concibe cómo ahora también “se pretenda manosear, acabar y mutilar la libertad de pensamiento y de expresión en el país”.
Custodio es del criterio que el anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, “impulsado por el actual gobierno, violenta, al menos, 14 artículos constitucionales, la Ley de Emisión del Pensamiento entra en contradicción con el Código Civil y violenta cuatro instrumentos internacionales de los que Honduras es parte”.
También entra en contradicción con el Código Civil respecto al derecho de propiedad, derechos de sucesión y donación, entre otros.
Además, violenta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Chapultepec.
Otro de los puntos señalados por Custodio es que “no se están cumpliendo las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), que señaló las falencias del Estado hondureño en cierta materia de derechos humanos”.
Recordó que entre las recomendaciones del EPU, está una en la que le piden al gobierno que no abuse de las cadenas nacionales, salvo que estas sean para abordar temas de interés nacional.
“Las cadenas nacionales nunca deben servir para hacer imagen política o para desafiar o promover leyes que violenten los derechos humanos”.
Advirtió que de la forma como están planteadas las reformas a la Ley de Telecomunicaciones “se abre la puerta para que haya reclamos a nivel del sistema interamericano”.
Explicó que dicho sistema inicia por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y luego pasa a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde puede haber incluso “demandas de compensación”.
Eso ocurriría, según Custodio, porque de acuerdo al anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, “se permite confiscar medios e incluso requisar instrumentos de los medios de comunicación y hacer usufructos de ellos”.
Gobierno no es ejemplo
Otro de los cuestionamientos del Conadeh es que, por una parte, se quiere someter a una revisión más frecuente la concesión y la frecuencia, pero por otra se establece que, de acuerdo a lo que la autoridad decida, antes de ese periodo de vencimiento pueden intervenirle su medio, requisarlo y readjudicarlo o se lo guarda para el Estado.
Cuestionó que los diferentes gobiernos, incluido el actual, han demostrado ser incompetentes, ineficientes y negligentes en el manejo de sus medios de comunicación.
“El gobierno no es el mejor ejemplo de eficiencia gerencial y mencionó el caso de Canal 8, que fue confiscado por el gobierno, y miren en lo que lo han convertido”, dijo Custodio.
Considera que la cancelación o la continuidad de un medio de comunicación no puede estar a expensas del estado de ánimo de un funcionario, si amaneció bien o mal determinado gerente.
