Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de reducir la carga económica de las familias sampedranas, el Congreso Nacional recibió un proyecto de ley que propone disminuir en un 50% el cobro de la tasa municipal correspondiente al proyecto Siglo XXI.
La iniciativa plantea adecuar este gravamen vehicular a la capacidad contributiva de los hogares de San Pedro Sula.
El proyecto propone que la reducción del 50% sea permanente para los propietarios de vehículos sujetos al pago de esta contribución municipal.
Según la justificación de la iniciativa, la propuesta responde al incremento acumulado en los costos de alimentos, transporte, vivienda, servicios básicos y combustibles, factores que han reducido el ingreso disponible de los contribuyentes.
"El incremento en el costo de las necesidades básicas ha generado una presión significativa sobre los ingresos de los hogares; la presente iniciativa tiene como finalidad establecer un descuento del 50 % en la tasa municipal denominada Siglo XXI de manera permanente", explicó Dunia Jiménez, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
La congresista argumentó que las condiciones socioeconómicas de San Pedro Sula han cambiado desde que se aprobó el cobro destinado a financiar las obras de infraestructura vial.
Según explicó, actualmente muchas familias cuentan con más de un vehículo por vivienda, situación que, de acuerdo con su planteamiento, incrementa la carga tributaria por hogar.
Jiménez ejemplificó que una familia con tres vehículos puede pagar entre 9,000 y 15,000 lempiras anuales únicamente por este gravamen municipal.
La congresista sostuvo que ese monto resulta desproporcionado para el presupuesto familiar y afecta la economía de la clase trabajadora sampedrana.
"Cuando se aplicó este impuesto en un inicio tal vez solo el padre tenía vehículo, pero ahora ya son tres vehículos por casa y anda costando de 3,000 a 5,000 lempiras por cada uno; son 15,000 lempiras que vienen a golpear el bolsillo familiar", manifestó la congresista.
La legisladora concluyó que la propuesta no busca frenar el desarrollo de las obras de infraestructura vial que ejecuta el consorcio en la zona norte, sino, según argumentó, establecer un equilibrio entre la inversión urbana y la capacidad de pago de los ciudadanos.
El proyecto de ley será remitido a la comisión de dictamen correspondiente para su evaluación técnica.
