Tegucigalpa, Honduras. — Juan Carlos Canales Lobo, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue enviado al Centro Penal de Támara, después de que el juez que conoció su caso dictara la medida de detención judicial en su contra.
La decisión judicial se tomó luego de la audiencia en la que se le imputaron varios delitos relacionados con irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó que a Canales Lobo se le dictó la medida de detención judicial por lo que fue remitido al centro carcelario.
Silva explicó que el juez consideró que existían suficientes elementos de prueba para justificar la detención preventiva debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de que el imputado pudiera obstruir las investigaciones.
“El juez ha determinado que, debido a la gravedad de los delitos imputados, existe un riesgo considerable de que el imputado intente obstruir las investigaciones o fugarse, por lo que se ha dictado la medida de detención judicial”, afirmó el vocero del Poder Judicial.
Además, indicó que la Fiscalía había solicitado la detención de Canales Lobo, mientras que la defensa presentó una solicitud para adoptar medidas menos severas, como la presentación de un bien inmueble como garantía, pero esta fue rechazada por el juez debido a la falta de los requisitos legales correspondientes.
Canales Lobo es acusado de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles, por la contratación fraudulenta de una empresa de transporte para el traslado de material electoral.
La abogada Doris Isabel Núñez Madrid, defensora de Canales Lobo, rechazó las acusaciones y argumentó que su cliente no tuvo responsabilidad directa en las irregularidades denunciadas.
"Mi cliente no fue quien tomó las decisiones finales. Él solo formaba parte de una comisión que recomendaba, pero la responsabilidad recae en un órgano superior", indicó Núñez Madrid.
La apoderada legal argumentó que no pudieron presentar toda la documentación necesaria para solicitar una medida cautelar distinta a la detención, debido a que Canales Lobo fue recién aprehendido y no contaban con todos los documentos requeridos, como el avalúo de un bien inmueble que pudiera servir como garantía.
Núñez Madrid también señaló que Canales Lobo padece una enfermedad crónica, lo que podría empeorar su salud si permanece en prisión preventiva, razón por la que pidió un cambio en las medidas cautelares.
Aparte, la experta en derecho sostuvo que "este caso está siendo utilizado para deslegitimar al CNE y sus funcionarios, y mi cliente es víctima de una estrategia política”.
La audiencia inicial del funcionario del CNE está programada para el 4 de abril de 2023, donde se presentarán las pruebas del caso.
La detención de Juan Carlos Canales Lobo ocurrió por los numerosos problemas logísticos, como retrasos en la distribución de materiales electorales y fallas en el transporte de las maletas, lo que provocó acusaciones de fraude y desconfianza en los votantes.
Por este caso, también fueron requeridos los empleados del CNE, Dennis Hércules, Joel Ramos García, Raúl Amílcar Rivera, Juan Carlos Canales, José Martín Pastrana y el propietario de la empresa Ingeniería Logística y Transporte, Carlos Salomón Fonseca.
Sobre ellos se sabe que sus apoderados legales plantearon escritos ante el juzgado para su presentación voluntaria.
La jornada electoral del 09 de marzo estuvo marcada por retrasos en la entrega de materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que llevó al CNE a extender el horario de votación hasta horas de la madrugada del lunes en algunas zonas.
Hubo denuncias de irregularidades, como fallas en el transporte de maletas electorales y acusaciones de boicot por parte de la oposición, señalando al gobierno y a las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, el Ministerio Público inició una serie de investigaciones que llevaron a la presentación de los primeros requerimientos fiscales.
En varias zonas del país, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los votantes se vieron obligados a esperar hasta la madrugada del día siguiente para poder ejercer su derecho al voto.
Además, las acusaciones de fraude fueron alimentadas por denuncias de boicot por parte de sectores de la oposición, que acusaban al gobierno y a las Fuerzas Armadas de estar involucrados en las irregularidades.
