Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) ha presentado un requerimiento fiscal contra Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto de Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su responsabilidad en delitos electorales relacionados con el retraso en la distribución de material electoral.
Los hechos ocurrieron el 9 de marzo, cuando se registraron demoras en la entrega de material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Según la investigación del Ministerio Público, Ramos García permitió que la empresa encargada del transporte, Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., sustituyera los camiones por autobuses, lo que incumplió los términos del contrato con el CNE.
Este cambio causó desorden en la distribución del material, ya que las maletas de votos fueron cargadas incorrectamente y no correspondían a los centros de votación asignados.
Como resultado, fue necesario descargar las maletas en la vía pública para organizarlas correctamente.
Además, los autobuses continuaron con su ruta, lo que causó más retrasos. A pesar de estos problemas, Ramos García no informó ni presentó los informes correspondientes.
Según investigaciones, él conocía el cronograma de actividades y las rutas de distribución, ya que fue parte de su elaboración, lo que demuestra que obstruyó el proceso electoral.
Estos retrasos afectaron la apertura de varios centros de votación, especialmente en la capital, donde algunos no abrieron hasta la noche del 9 de marzo, y en dos centros las elecciones se realizaron hasta el 16 de marzo.
Más implicados
El Fiscal General, Johel Zelaya, confirmó la noche de este 31 de marzo que el Ministerio Público ha emitido varios requerimientos fiscales contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de las investigaciones por irregularidades durante las recientes elecciones.
Zelaya detalló que la Unidad Especial Contra Delitos Electorales ha estado investigando diferentes aspectos del proceso, especialmente el manejo del transporte del material electoral y los costos derivados de este servicio.
Los principales implicados en las irregularidades logísticas, según el Fiscal General, son: Raúl Amílcar Rivera Montoya, coordinador del proyecto de transporte electoral; José Martín Pastrana Sánchez, miembro de la comisión encargada de contratar el transporte; y Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística.
También estarían involucrados Joel Ramos García, Denis Emilio Hércules Rosa y Juan Carlos Canales Lobo.
Según Zelaya, el acuerdo especificaba que la empresa debía contar con 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies.
Sin embargo, la empresa solo disponía de 10 cabezales y 2 camiones, lo que generó serios problemas en el desarrollo del proceso electoral.
