Tegucigalpa, Honduras.- El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, compareció esta noche para confirmar que el ente fiscal ha emitido dos requerimientos fiscales contra varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Zelaya explicó que la Unidad Especial contra Delitos Electorales ha estado investigando diversos aspectos del proceso electoral, incluido el manejo del transporte del material electoral y los costos asociados.

El funcionario afirmó que, a pesar de los ataques que ha recibido el Ministerio Público, su misión no se verá interrumpida por aquellos que buscan proteger su impunidad.

"Le prometimos al pueblo hondureño que íbamos a luchar para que su voluntad se respetara y eso estamos haciendo", comenzó diciendo el titular del MP.

Zelaya manifestó que se trata de requerimiento fiscal -uno presentado en el Juzgado con Jurisdicción Nacional y otro ante el Juzgado Común- contra seis personas por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de los funcionarios. Estos requerimientos están relacionados con el manejo de la logística electoral y los contratos asociados al transporte de material electoral. Según Zelaya, entre los acusados figuran varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representantes de empresas privadas involucradas en la contratación del transporte.

Zelaya reveló que entre los involucrados se encuentran el coordinador del proyecto de transporte electoral, Raúl Amílcar Rivera Montoya, y el miembro de la comisión evaluadora para la contratación del transporte de material electoral, José Martín Pastrana Sánchez, además de Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística.

Además de Johel Ramos García, Dennis Emilio Hércules Rosa y Juan Carlos Canales Lobo.

La empresa Ingeniería Logística fue contratada para gestionar el transporte del material electoral, pero según Zelaya, la empresa no cumplía con los requisitos establecidos en el contrato. Según el acuerdo, se exigía que la empresa proporcionara 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies. Sin embargo, la empresa solo disponía de 10 cabezales y 2 camiones.

En este contexto, Zelaya agregó que el estudio presentado por Joel Ramos, un testigo clave en la investigación, señaló que el costo real del servicio de transporte debería haber sido de 43 millones de lempiras, pero la empresa solicitó un monto superior, que excedió en 21 millones de lempiras el presupuesto original.

"Hoy, el señor Joel Ramos entregó un estudio donde manifestó que para el transporte se necesitaban 43 millones de lempiras, pero cuando estas empresas presentaron la oferta, solicitaron 21 millones más de lempiras, lo que terminó costando al pueblo hondureño", señaló.

El Fiscal General también se refirió al emplazamiento que emitió la Unidad Especial contra Delitos Electorales para conocer el número de personas que utilizaron el sistema biométrico en las cuatro Juntas Receptoras de Votos (JRV) denunciadas por Marlon Ochoa por presuntamente haber inflado votos, aunque no aclaró si la información solicitada en un plazo de tres horas fue efectivamente entregada por el CNE.

Asimismo, ratificó que los tres consejeros del CNE, Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, comparecerán a declarar al mismo tiempo y en igualdad de condiciones el 10 de abril, cuando ya se haya realizado la declaratoria oficial de resultados electorales.

En relación con las elecciones internas, Zelaya comentó que, aunque en más del 96% de los casos las elecciones se llevaron a cabo de manera adecuada, un pequeño porcentaje de incidentes intentó empañar el proceso.

“¿Por qué otra vez la corrupción pública en privado ha tratado de ser el punto negro en una página blanca que se llaman elecciones internas? En más de un 96% se llevaron a cabo de manera perfecta. Pero sucedieron eventos que han tratado de manchar”, destacó.

La comparecencia del titular del Ministerio Público ocurre luego de la detención del miembro de la Comisión Evaluadora encargada del transporte de las maletas electorales, Juan Carlos Canales Lobo, y colaborar cercano de la consejera presidenta Cossete López, quien había sido citado para declarar en calidad de testigo antes de que se diera su aprehensión.

Y es que este lunes -31 de marzo- también el diputado Francisco López denunció en sus redes sociales que fuentes cercanas al MP le informaron que la Fiscalía se preparaba para emitir un requerimiento fiscal en contra de la titular del CNE, Cossette López, con lo que el oficialismo buscaría dar un zarpazo al proceso electoral.