Los temas del juicio político y el Tribunal Constitucional serán agendados en las sesiones del mes de enero, reveló ayer el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.
Ambos necesitan de una reforma a la Constitución de la República, por lo que el titular del Legislativo ha instruido a diputados versados en los temas para que preparen los correspondientes proyectos de decreto.
El titular del Legislativo considera que “es más que necesaria la aprobación de la figura del juicio político a efecto de solucionar los conflictos que puedan ocurrir hacia el futuro cercano entre los poderes del Estado”.
“Tenemos que tener el tema del juicio político en nuestra Constitución, yo le solicité a varios compañeros diputados que conocen del tema constitucional, que estructuren un proyecto de ley, que revisen las iniciativas que ya se presentaron para ver qué género pudiéramos aprobar en primera legislatura y ratificarlo en las primeras sesiones de enero, correspondientes a la cuarta legislatura”, argumentó.
Recordó que la figura del juicio político fue una recomendación de la Comisión de la Verdad, lo mismo que la creación de la Corte Constitucional.
Con relación al tema del juicio político, el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asensio, declaró en un foro de televisión que se necesita esta figura para que no vuelva a ocurrir un acto ilegal como el de la madrugada del 12 de diciembre cuando se destituyó a cuatro magistrados sin haberles seguido un juicio desde el punto de vista jurídico.
Asensio declaró en el programa Frente a Frente de Televicentro, que esa madrugada muchos diputados votaron a sabiendas de que se estaba cometiendo un acto ilegal, “porque les vendieron la idea de que los cuatro magistrados que fueron destituidos estaban ligados con el narcotráfico y el crimen organizado, o sea que les metieron miedo”.
De acuerdo con el proyecto de ley
que Cruz Asensio presentó a la Cámara legislativo, el juicio político es el mecanismo para establecer si procede o no la destitución de altos funcionarios como el Presidente, jueces magistrados, diputados, alcaldes y todo aquel alto funcionario que desempeñe cargos públicos.
El diputado Donaldo Reyes Avelar admitió que en el paquete del juicio político
se incorporaría el Tribunal Constitucional, la nueva figura que desde hace meses se quiere implementar como un ente que revisaría las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
Los cuatros magistrados destituidos por manifestar, a través de un fallo, que la Ley de Depuración tenía vicios de inconstitucionalidad, afirmaron que se incorporarán a sus labores el próximo 3 de enero.
Curiosamente los argumentos de estos magistrados fueron tomados en cuenta en la reforma a la Ley Orgánica de la Policía, con lo que el Ejecutivo y el Legislativo terminaron dando la razón a los argumentos jurídicos esgrimidos en el fallo.
