A medida la opinión pública los acorrala, los congresistas responsables de la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional van modificando los argumentos para sostener su actuación, declaró el empresario y analista Olban Valladares.
Primero justificaron el atropello en la resolución y votación de los magistrados, y en el uso de los instrumentos que la ley hondureña y los tratados internacionales prohíben.
Luego, al ver que la presión pública es muy grande, modificaron el argumento y empezaron a decir que no es por razones políticas, que no tiene nada que ver con intereses electorales o de disputa de candidaturas o aspiraciones futuras de un candidato del Partido Nacional.
Ahora dicen que los magistrados dilataron y cometieron negligencia al emitir una resolución de un decreto que ya había expirado.
Por eso, sostienen, que sancionaron a los cuatro magistrados que votaron contrariando la política del Congreso o del decreto de la ley de la depuración, y eximen de responsabilidad al quinto magistrado que emitió un voto particular, en el cual hace una relación de que los instrumentos de depuración son ilegales e inconstitucionales y no deberían usarse, pero basa su voto particular en que las circunstancias que está viviendo el país ameritan romper los patrones legales.
“Yo me pregunto si la violencia llegará a un punto en que las autoridades dirán ‘tenemos que aplicar la pena de muerte o el fusilamiento sumarial’, entonces saldrían los defensores diciendo que la circunstancia lo amerita”.
¿Por qué si la sanción era por negligencia, por la tardanza y por la mora, no se sancionó al quinto magistrado ya que él también participó de una decisión que era extemporánea?”, cuestionó Valladares.
Según él, al ritmo en que marcha la presión de la opinión pública, los defensores del atropello a la Corte Suprema de Justicia se quedarán sin argumentos para sostener sus actuaciones, ya sea ante la sociedad o ante los tribunales de justicia interna como internacional, lo cual traerá mucha vergüenza al gobierno y al Congreso Nacional.
