Tegucigalpa, Honduras.- Las estimaciones indican que miles de reclusos podrían salir de las prisiones hondureñas: unos por haber cumplido la totalidad de su condena y otros por reunir los requisitos para acceder a la preliberación. Sin embargo, esto no ha sido posible.
El impedimento para que eso no haya ocurrido y no esté pasando actualmente en el sistema carcelario del país, radica en un factor muy simple, pero decisivo a la vez.
Se trata de la falta de la logística y del recurso humano que se requiere para elaborar los dictámenes de conducta, socioeconómicos, y psicológicos; requisitos imprescindibles para que un juez de ejecución determine excarcelar o dejar en libertad a un reo.
Estos dictámenes sólo pueden ser extendidos por profesionales de la psicología, derecho y trabajadores sociales; personal con el que no cuenta el Instituto Nacional Penitenciario (INP) -encargado de emitir esos documentos- y los que están en funciones son muy pocos para poder cubrir toda la carga que requieren elaborar esos diagnósticos.
El cuello de botella
Sandra Barahona, coordinadora nacional de los Juzgados de Ejecución del Poder Judicial (PJ), reconoció las graves falencias en esta materia, que no permite la liberación de reclusos.
"Este es un cuello de botella que hemos venido manejando con las autoridades penitenciarias y es que se necesita que haya mayor número de personeros de los equipos técnicos interdisciplinarios, porque la población penitenciaria es grande y cada día crece y como jueces de ejecución necesitamos para poder otorgar un beneficio de libertad condicional", puntualizó Barahona.
Agregó que "para eso deberá fortalecerse el INP con más funcionarios, para que podamos nosotros descongestionar el sistema carcelario".
La Mesa Técnica de Desinternamiento, integrada por el INP, el Poder Judicial e instituciones de derechos humanos, desde el año 2023 ha realizado acciones con el fin de descongestionar los centros penales.
Para esto ha sido pertinente censar o enrolar a toda la población penitenciaria, para conocer cuál es su estatus actual como convicto; si está a punto de cumplir su condena, si ya cumplió la pena de prisión, entre otras, para poder liberarlos.
Faltan 14 cárcles
En los próximos días, esta Mesa Técnica de Desinternamiento iniciará el octavo enrolamiento de privados de libertad en el centro penal de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.
"Vamos a estar realizando el enrolamiento de 700 expedientes criminológicos, del 22 al 26 del mes de septiembre. Esperamos que en estos expedientes podamos encontrar aquellos hallazgos al que podamos darle el seguimiento correspondiente y por ende, tratar de descongestionar el sistema y otorgarle a cada privado de libertad el beneficio que se merece", anunció la titular de los Juzgados de Ejecución , Sandra Barahona.
De las 22 cárceles con las que cuenta el país, sólo se ha ejecutado acciones de empadronar a siete de esos reclusorios, más el de El Porvenir, a realizarse en septiembre, quedarían 14 centros penales. En total se estima que son 19,120 reos que ocupan estas 22 prisiones.
El INP tomó la determinación de cerrar tres penales: el de Trujillo, en el departamento de Colón, La Esperanza, en Intibucá y el de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés.
Sobre cuántos reclusos estarían listos para ser liberados, Barahona explicó que eso dependerá de los que arrojen las revisiones de los expedientes luego de los censos que se levantes en todos los centros penales de Honduras.
