Más de 300 efectivos de la Policía Nacional de Honduras presentaron este martes un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto de emergencia 89-212 del sistema de seguridad que facilita el proceso de depuración policial.
El
decreto, que entró en vigencia el 28 de mayo,
tiene como objetivo impulsar un proceso expedito y confiable de depuración en la Policía Nacional, según las autoridades del Congreso Nacional.
Dicho decreto, que forma parte de la Ley Especial de Depuración Policial, otorga facultades y atribuciones excepcionales y temporales al director general de la Policía Nacional de Honduras para que en coordinación con el secretario de Seguridad puedan ejecutar despidos sin perjuicio de ser sometidos a responsabilidades futuras.
Óscar Cálix, uno de los representantes de los elementos de seguridad, informó que sus clientes decidieron presentar el recurso de inconstitucionalidad
por 'las graves violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana' que representa la ejecución del decreto de emergencia.
'No es posible que por un decreto de emergencia se haya violentado nueve formas la Constitución de la República y los tratados internacionales suscritos por Honduras'.
Explicó que una de las garantías violentadas 'es el derecho a la defensa', ya que con la aplicación de la ley los policías son 'sometidos al libre albedrío de un funcionario'.
Otra de las violaciones mencionadas es la presunción de la inocencia, transgredida por la autodeclaración que estaría siendo promovida con la utilización del polígrafo.
'La depuración es un fin que deseamos todos los miembros de la sociedad, pero dentro de la legalidad. Estamos en contra de la ilegalidad no en contra de la depuración', apuntó el apoderado legal.
Además, especificó que los policías a los que representa son de alta, mediana y baja escala.
Continuarán las investigaciones
Por otra parte, el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial en Honduras, Eduardo Villanueva, informó que
someterá a investigación la declaración jurada de bienes de 21 miembros de la Policía
para verificar si se han enriquecido ilícitamente.
La medida es parte del proceso de depuración policial que ha generado controversia, luego de que se decretara estado de emergencia por 180 días
y un grupo de policías interpusiera un recurso de inconstitucionalidad.
Villanueva confirmó además que el miércoles iniciará el proceso de evaluación a 63 policías, a quienes se les realizará la prueba de confianza para confirmar o demeritar su supuesta vinculación con actos criminales.
