El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), el Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán (Marca) y otros grupos de la zona dieron ayer la bienvenida al plan de seguridad anunciado por el gobierno, siempre y cuando incluya a unos 500 guardias al servicio de los inversionistas. El pasado martes, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto para ordenar un desarme en Colón.
Esta medida fue aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Tras la decisión adoptada en Casa Presidencial, el Congreso Nacional conoció esa misma noche la iniciativa que reforma la Ley de Control de Armas de Fuego. La iniciativa fue presentada por el secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, y luego turnada a una comisión de dictamen.
El proyecto consiste en reformar por adición el artículo 37 del decreto 20-2000 de la Ley de Control de Armas.
La reforma dice que en caso de alteración de la tranquilidad pública, las autoridades darán estricto cumplimento de la ley, incluyendo entre las acciones la suspensión inmediata de los permisos de portación de armas.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas procederán al decomiso de armas de posesión ilegal y a la suspensión de permiso en las regiones que presenten mayor conflictividad. La duración de la medida será determinada por el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el proyecto de reforma incluye un artículo transitorio por el que se suspenden los permisos de portación de armas en el departamento de Colón. Esta disposición tendrá vigencia hasta que el Congreso Nacional disponga lo contrario.
Medidas
El secretario del Muca, Johny Rivas, dijo que el proyecto de prohibir la portación de armas, la emisión de permisos y el desarme general ya tiempos lo hubiera impulsado el gobierno de la República, lo que hubiese evitado la muerte de decenas de campesinos.
Si esta medida, que está en manos de una Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, no incluye a los guardias de seguridad al servicio de los terratenientes, será un total fracaso, expresó Rivas.
Dijo que los empresarios agrícolas tienen bien armados a sus empleados de seguridad, aparte de que hay otros grupos armados que andan de civiles que también prestan servicios a los inversionistas René Morales, Reynaldo Canales, Miguel Facussé y Oscar Nájera, entre otros.
El portavoz del Muca, Vitalino Álvarez, declaró que si no desarman a los guardias, los campesinos quedarán a merced de esos grupos a quienes responsabiliza de la muerte de sus compañeros labriegos.
Los dirigentes campesinos reconocen que algunos de ellos “portan armas comerciales”, como revólveres y escopetas, que no son nada comparables con las armas sofisticadas que utilizan los guardias de seguridad y los sicarios a sueldo. Otro dirigente campesino, Agustín Cálix, del Movimiento Campesino del Aguán, expresó que a ellos no les da “frío ni calor” el plan de seguridad anunciado por el gobierno de Lobo Sosa.
Dijo que las únicas armas que ellos tienen son los machetes con los cuales trabajan la tierra de sol a sol.
En un comunicado, “las organizaciones campesinas y el Movimiento Popular de la Región del Aguán” denuncian “las medidas represivas y de destrucción de las organizaciones por parte del actual régimen”, y en ese sentido “establecemos nuestra posición de resistir hasta las últimas consecuencias por el derecho a la vida y soberanía alimentaria”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, dijo que los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, del cual forma parte, adoptaron por unanimidad la medida de desarme y prohibición de portar armas en el Aguán.
