Está en riesgo la captación de inversiones y la atracción de turistas a Honduras.
El sector privado solicita al presidente Porfirio Lobo que, en un acto de buena voluntad, no sancione el decreto 252-2011, mendiante el cual se impone un cobro de 17 dólares para los pasajeros internacionales que ingresan o salen del país por la vía aérea. Se estima que el cobro de esta tasa generará a favor de una empresa extranjera 27.2 millones de dólares al año.
El Congreso Nacional aprobó durante la noche del 14 de diciembre de 2011 el contrato de servicios por 10 años entre la Secretaría del Interior y la Sociedad Securiport, para instalar tecnología utilizada en la identificación de las huellas dactilares de todas las personas, nacionales y extranjeras, que ingresan al país por aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. De los 800,000 usuarios de los cuatro aeródromos internacionales del país, unos 200,000 son hondureños y el resto son extranjeros. El decreto establece que se cobrará la tasa a los pasajeros internacionales.
Condescendiente
El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, clamó para que el presidente Lobo no sancione el referido contrato con Securiport y vetó un decreto que incrementaba a 60 dólares la tasa aeroportuaria en las cuatro terminales internacionales del país.
Un llamado similar efectuó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys, ante el impacto innecesario que generará este cobro en contra de miles de pequeños negocios que subsisten y generan empleo gracias al ingreso de turistas al país.
La contratación directa de esta empresa, radicada en Washington, fue autorizada durante el 24 de marzo del presente año por el mandatario y encomendada al secretario del Interior, Áfrico Madrid. 'El Congreso Nacional aprobó este decreto a altas horas de la noche, con el desconocimiento de una gran cantidad de diputados y de la mayoría de la población del país', indicó Facussé.
El secretario del Interior, áfrico Madrid, ha expresado que este tema se manejó con un bajo perfil debido a razones de seguridad. Al respecto, el expresidente del Cohep expresó: 'En el país ya nos hemos acostumbrado a recibir las excusas permanentes para no efectuar licitaciones públicas. El pueblo tiene todo el derecho a saber qué se hace con el dinero que se paga para el sostenimiento del gobierno'.
En el caso de la empresa Securiport, los empresarios piensan que es una firma desconocida para la mayoría de la población hondureña, pero que según el referido contrato manejará información personal de todas las personas que ingresen o salgan del territorio nacional.
'Entendemos que existen casos en los cuales debe permanecer el sentido de secretividad, sin embargo, en este caso en particular necesitamos conocer quiénes son los dueños de esta compañía con la cual se negoció el contrato de servicio', reclamó Facussé.
Doble cobro
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, ha expresado que ahora existen dos cargas impositivas aprobadas por el Congreso Nacional para el mismo asunto. En el contenido del decreto número 252-2011 se le denomina a este cobro 'tasa de seguridad'.
El Congreso Nacional aprobó el 14 de septiembre de 2011 las reformas a la Ley de Seguridad Poblacional mediante las cuales pretende recaudar 2,200 millones de lempiras anuales, según datos del Congreso Nacional. Para Facussé esta cifra, de acuerdo con datos manejados por el sector privado, podría ascender a unos 4,500 millones de lempiras. A mi juicio, continuó, con esos recursos se pueden instalar esos equipos en los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos del país.
'Nos preguntamos cuánto ganará esta empresa que invertirá 31 millones de dólares, pero que le brindaron una concesión de 10 años; creo que recibirá una cantidad enorme de ingresos', indicó.
El impacto directo
El presidente de Canaturh expresó que los 17 dólares que se cobrarán al ingresar o salir del país representan un 'tiro de gracia' en contra de la industria turística nacional y no puede ser permitida su aplicación.
'Este cobro total de 34 dólares, indicó, no solo se impondrá a los extranjeros, sino a los hondureños. Estos fondos, quiero aclarar, no los recibirá el estado sino esta compañía extranjera Securiport', expresó. 'El contenido del contrato, continuó, es un infame e inaceptable insulto en contra del pueblo, que debe ser rectificado. Haremos lo que sea necesario para que se revoque ese decreto'. Marinakys se preguntó cómo es que la Secretaría de Turismo organizará en Honduras uno de los más importantes eventos latinoamericanos de turismo cuando se efectúan estos inauditos cobros.
