Los partidos políticos -a excepción del Partido Nacional y la posición todavía no clara de Unificación Democrática (UD)- están cerrando filas en contra de las pretendidas reformas a la Ley de Telecomunicaciones porque las consideran violatorias de la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa.
El polémico decreto, que surge de una iniciativa de Casa de Gobierno, comenzará a ser consensuado hoy por el Congreso Nacional con el sector privado, como parte de una serie de reuniones en las que se procurará socializar la ley.
Posiciones
El Partido Liberal, la Democracia Cristiana, el Partido Innovación y Unidad (Pinu), el Partido Anticorrupción (Pac), la Alianza Patriótica y hasta Libertad y Refundación (Libre) han sido claros en su posición de rechazo a que el gobierno violente la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Partido Liberal, a través de su candidato presidencial Mauricio Villeda, denunció que “hay una campaña de terror en contra de la libertad de prensa”, que él defenderá hasta las últimas consecuencias. Lo que está ocurriendo, dijo, solo es propio de los “países totalitarios”.
Mientras tanto, en un comunicado, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) le recuerda al gobierno que constitucionalmente “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”.
Luego subraya: “No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos, de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información”.
El CCEPL adelantó que sus diputados en el Congreso Nacional votarán en contra del dictamen aunque hay unos diez que, por tener buenas relaciones con el presidente de ese poder del Estado, Juan Orlando Hernández, pueden votar a favor, según fuentes vinculadas al hemiciclo legislativo.
Fue justamente el diputado liberal por Cortés, Carlos Martínez, quien denunció intentos de soborno a algunos de sus compañeros para que vendan el voto al momento de que se tome la decisión final sobre las anunciadas reformas.
Las pretendidas reformas a la Ley de Telecomunicaciones también violan varios tratados suscritos por Honduras, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un estudio hecho por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) dice que violentan 14 artículos constitucionales.
Oposición
El Partido Innovación y Unidad (Pinu) también cuestiona el proyecto de Casa de Gobierno. “Las bases del Pinu Social Demócrata, los diputados que conforman su bancada en el Congreso Nacional y su dirigencia a todos los niveles manifestamos nuestra absoluta oposición a la discusión en el Congreso Nacional de este anteproyecto de ley”, dice un comunicado.
La reforma, precisa, “atenta contra la libertad de las y los hondureños, destruye la base humana y social en que se sustenta la garantía constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del estado, y anula la oportunidad de construir y vivir en un estado de derecho”.
Por su parte, el candidato presidencial de Alianza Patriótica Hondureña (Alianza), Romeo Vásquez Velásquez, dijo que “el derecho a la libre expresión del pensamiento debe ser respetado dentro del marco establecido por la Constitución de la República”.
“La represión mediática”, dijo, “no es una política observada en las cartas y convenios internacionales firmados por Honduras. Restringir, limitar o evitar la libre expresión del pensamiento en pleno siglo XXI pondría a nuestro país en un estado de decadencia de principios aún más grande que en el que se encuentra actualmente”.
“El deber del Estado es aplicar la ley; según lo establecido en la Constitución de la República, todo ser humano tiene derecho a ser escuchado y exponer sus pensamientos y sentimientos de la forma en que lo considere más conveniente, esto siempre y cuando se mantenga en el mismo orden que la ley establece”, añadió Vásquez Velásquez.
A su criterio, “la crisis que se quiere formar en torno a la libre expresión del pensamiento podría abrir una puerta a interpretaciones erróneas acerca de las verdaderas intenciones y los fines de quienes promueven la implementación de esta ley, ya que medios, periodistas, artistas y todo ciudadano que ejerce este derecho podría resultar afectado económicamente, limitado o simplemente callado. Los dueños de medios merecen respeto ya que estos medios son generadores de ingresos y oportunidades para las personas que se desarrollan en este campo”, afirmó.
No regulación
Entre tanto, Rafael Padilla, vicepresidente del Partido Anticorrupción (Pac) que postula a Salvador Nasralla, dijo que su partido se opone “firmemente a cualquier ley o legislación que pretenda regular la libertad de expresión. Esto porque la libertad implica efectivamente la no regulación. No podemos hablar de libertad si existe regulación para ejercer la libertad. La libertad es la libertad. Esto implica necesariamente la responsabilidad que tiene cada ciudadano de optar entre el bien y el mal y además la responsabilidad que lleva implícita la conducta humana de hacer el bien o el mal”.
Según este dirigente del Pac, “el ejercicio de la libertad conlleva la posibilidad de que seamos sancionados si ese ejercicio lesiona a los demás o a la propiedad o intereses de los demás”. Para el director de campaña del Faper, Lorenzo Pavón, la “ley mordaza” que pretende aprobar el Congreso “atenta contra la Constitución, así como también violenta las leyes ya constituidas en la libre expresión”.
A su juicio, no se puede “callar la voz del denunciante, del campesino, del labrador, del jornalero o los medios de comunicación cuando estos denuncian los actos de corrupción, abuso de autoridad o violación a derechos laborales y humanos”.
Rechazo
Curiosamente, entre los partidos que rechazan la reforma a la Ley de Telecomunicaciones está Libertad y Refundación (Libre), que -por su ideología- se supone podría estar a favor, pero el expresidente Manuel Zelaya, en una conversación con EL HERALDO, fue claro al indicar que “lo que está haciendo ‘Pepe’ (Lobo) no es correcto”.
Destacó Zelaya que el proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones remitido el 21 de marzo al Congreso Nacional trastoca el derecho a la propiedad privada y eso no es bien visto por el partido Libre.
La posición de Zelaya y su partido no es similar a la del también izquierdista Unificación Democrática (UD), que prefiere esperar el desarrollo del consenso que hoy iniciará el Congreso con los sectores de la sociedad civil.
Sin embargo, Martín Pineda, secretario general de UD, dio a entender que su partido sí apoyará las reformas porque el pueblo en general tiene derecho a tener acceso al espectro radioeléctrico que se busca “democratizar”. Marvin Ponce, diputado de UD y vicepresidente del Congreso, declaró que si hay en las reformas aspectos que vulneran la libertad de expresión no la apoyarán, pero de no haberlos sí las respaldarán con el voto unánime de sus cuatro diputados.
