El marco jurídico que controla el contenido de los medios y concesión de frecuencias generaron autocensura o cierre de medios en Venezuela, marco legislativo que quiere replicar en Honduras el actual gobierno.
La gestión del presidente Porfirio Lobo pretende crear un órgano colegiado de control de la agenda informativa de las empresas periodísticas conformado en su mayoría por miembros del gobierno, de la misma manera en que opera una entidad de administración de contenidos de información en Venezuela.
La experiencia en el país sudamericano con este tipo de normas ha sido amarga para los medios críticos de las autoridades gubernamentales que discrecionalmente han aplicado las mismas para imponer un bozal a quienes hacen señalamientos de malas gestiones.
EL HERALDO constató cómo el último caso de represión contra un medio crítico del gobierno, Globovisión, está por causar la venta de esta empresa de comunicación, afectada por sanciones aplicadas por supuestamente infringir los férreos controles de contenido y no ser incluida en los medios que transformaran su señal de análoga a digital.
Con dureza, el gobierno aplicó varias veces la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad de Social en Radio y Televisión (Resorte) a esta televisora que por tal motivo está a punto de ir a la quiebra.
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Las prohibiciones y sanciones de estas dos legislaciones son casi las mismas que están contempladas en la propuesta de reforma de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones que impulsa el presidente Lobo.
A Globovisión se le han abierto 8 expedientes por supuestamente violar el artículo 27 de la ley Resorte por difundir mensajes que, de acuerdo con el criterio del gobierno, ha generado miedo entre la población, aspecto que ese precepto prohíbe.
En el caso de la propuesta que estudia el gobierno hondureño, es una falta grave cuando se divulgue información que genere odio contra grupos étnicos, de religión u orientación sexual o genere vulneración a la seguridad nacional.
Ambos casos se refieren a información que, según el ente regulador, sea de contenido violento y esto afecte el interés de la nación o la seguridad pública.
En el artículo 29-A se advierte que es causal de una revocación de una licencia de operación de un medio radial o televisivo la reiteración de faltas graves.
Según el artículo 24 –B, una Comisión Reguladora de Programación es la que definiría las violaciones y sanciones para medios en Honduras, ente que estaría integrado por 8 miembros, cuatro de ellos del gobierno .
Mientras, el Directorio de Responsabilidad Social de Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, que es la dependencia que define faltas y las castiga, igualmente es formado por una representación mayoritaria del Ejecutivo, seis del gobierno y cuatro del otros sectores.
Según el director de Postrado de Comunicaciones de la Universidad Católica Andres Bello, Carlos Delgado Flores, cuando el gobierno tiene el control del órgano que juzga y sanciona, se terminan por aplicar medidas discrecionales contra los medios.
“Como instrumento de control administrativo de los medios en un contexto normativo regular tiene sentido…,pero en la situación que se vive, no, porque las resoluciones son de tipo político”, aseguró el catedrático.
Flores dijo que ahora es prohibido transmitir en tiempo real información que contenga elementos violentos y que por este tipo de restricciones algunos medios han anulado de su programación reportes de sucesos o, en el mejor de los casos, han cambiado su horario de transmisión de noticiero casi a la medianoche.
Valoró el académico que la sociedad ha dejado de ser informada de una parte de la realidad nacional, como ser el impacto de la inseguridad y aseveró que está plenamente comprobado mediante estudios científicos que las noticias de violencia no son las que desencadenan la criminalidad como algunos gobiernos hacen creer.
Autocensura
Por su lado, el periodista Marcelino Bisbal, autor del libro Hegemonía Comunicacional, consideró que cuando el árbitro (ente que regula contenidos) está parcializado con el gobierno, esto obliga a los medios a recurrir a la autocensura para evitar represalias.
“Lejos de generar una mejor radio o televisión, privada o pública, hoy ante la multa o miedo a perder la concesión por violentar uno de los artículos se intimidan, se inhiben y lo que hay es una autocensura”, aseguró el también maestro universitario.
El educador indicó que el gobierno venezolano busca implantar una hegemonía mediática mediante este tipo de controles y casi lo ha logrado, pues ya cuenta, ya sea como propietarios o que tiene a su disposición, con seis canales de televisión, uno de ellos internacional, Telesur, dos satélites, una agencia de noticias, el 85 por ciento de las radios en la zona urbana y 100 por ciento en las regiones rurales.
En Venezuela han cerrado 32 radioemisoras opositoras del gobierno y un canal, Radio Caracas Televisión (RCTV), que tenía una de las posturas más críticas contra la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez.
