Tegucigalpa, Honduras
El sector público hondureño espera contar en los próximos días con un marco legal que tiene como objetivo controlar el déficit fiscal.
La meta es reducir el déficit de -2.1% a -1.0% del PIB en el período 2016-2020.
Así está contemplada en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), la que cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se estima está próxima a ser aprobada por el Congreso Nacional.
En 2013, el déficit del sector público combinado fue de -7.1% del PIB, equivalente a 26,778.3 millones de lempiras, considerado el más elevado en la presente década.
Ese año se realizaron las elecciones generales para elegir al nuevo presidente de la República, 128 diputados y 298 alcaldes, lo que muchos sectores han venido asegurando que cuando se desarrollan comicios electorales históricamente el gobierno pierde la disciplina fiscal.
Otras metas
La Ley de Responsabilidad Fiscal también establece el marco legal para el cumplimiento de otras metas indicativas para el sector público no financiero.
El incremento anual del gasto corriente nominal de la administración central no podrá ser mayor al promedio anual de los últimos 10 años del crecimiento real del PIB más la proyección de la inflación promedio para el siguiente año.
Un ejemplo de lo anterior es que de 2006 a 2015, el promedio anual del PIB es de 3.5%. Por su parte, la inflación estimada para 2017 es de 4.5%, con una ponderación de 1% arriba y 1% abajo.
Lo anterior significa que el gasto corriente para 2017 no podrá ser mayor al 8%.
La nueva deuda flotante al cierre del año fiscal, a partir de la aprobación de la ley, no podrá ser en ningún caso superior al 0.5% del PIB nominal.
Alcances
EL HERALDO consultó al excoordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, sobre los alcances de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Su primera opinión es que con la LRF se mantendrán las finanzas públicas en un patrón de sostenibilidad y proporcionalidad a la realidad económica del país, y así evitar los penosos hechos de irresponsabilidad fiscal ocurridos en el pasado, donde hubo momentos donde no se tuvo presupuesto o se gastó más de la cuenta, como ocurrió a finales de 2009 y 2013.
Subrayó que la nueva ley busca mantener las finanzas públicas por una senda sostenible mediante el manejo responsable de los recursos públicos, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, enfocándose gradualmente en el impacto del uso de los recursos públicos, de tal forma que la estabilidad macroeconómica y en especial la responsabilidad fiscal se convierta en un derecho ciudadano de todos los hondureños.
Marlon Tábora dijo que esa ley fue incluida por el gobierno de Honduras en el acuerdo stand by 2014-2017 con el FMI como un proyecto piloto de regla fiscal y así mostrar el compromiso de la administración del presidente Juan Orlando Hernández de lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.
El excoordinador del Gabinete Económico de Honduras considera que la Ley de Responsabilidad Fiscal traerá muchos beneficios al país, entre ellos la confianza de los inversionistas y la credibilidad ante la comunidad internacional