'Estamos contentos a medias puesto que esto (el decreto 252-2011) no lo ha vetado el presidente, simplemente lo deja en suspenso. No sancionarlo no es vetarlo, lo correcto debe ser vetarlo', advirtió el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Luis Larach.
El líder empresarial de la costa norte del país es del parecer que la decisión presidencial de no sancionar este contrato es insuficiente. 'Creo que la acción correcta que debe tomar el presidente Lobo es la de vetar ese decreto en las próximas horas... Yo creo que suficiente castigo ha tenido la población a nivel nacional'.
El gobierno y el Congreso Nacional impulsaron a mediados de 2011 la aprobación de la Ley de Seguridad Poblacional que captará recursos para utilizarlos en contra de la delincuencia. 'Al inicio nos solicitaron una aportación de 900 millones de lempiras, luego se incrementó a 1,500 y ya en su aplicación captarían más de 2,500 millones de lempiras al año', expresó.
El empresario fue del parecer que el referido monto es más que suficiente para cubrir la compra y el funcionamiento de cualquier sistema informático utilizado en el control migratorio de personas.
El contrato aprobado el 14 de diciembre de 2011, por el Congreso Nacional, fue suscrito entre el secretario del Interior, áfrico Madrid, y el argentino Enrique Segura, representante de la firma Securiport. Se pactó aplicar escáner y cámaras de video en 22 localidades, entre puertos, aeropuertos y puntos fronterizos del país.
El gobierno sostiene que se cobrarán por este servicio 17 dólares de entrada y 17 dólares de salida a los pasajeros internacionales que utilicen los cuatro aeródromos del país.
Inconformidad
Para Larach, el presente gobierno ha ejercido un severo castigo fiscal en contra de la población hondureña. 'Honduras, ahora, es de los países más caros para visitar, por esta razón quizá tengamos poco turismo y una reducida inversión extranjera directa. Por lo tanto, la mayor parte de nuestros compatriotas enfrentan el desempleo'.
Esta es la oportunidad, opinó, de tomar medidas diferentes si deseamos cambiar este panorama y brindarle bienestar a la población. Tenemos suficiente miseria en el país que no podemos continuar aplicando más paquetazos', recomendó el industrial.
Reconoció que el tema de la inseguridad ciudadana no es particular de Honduras, sino que es un tema de la agenda regional. 'Honduras lidera, sin embargo, estos índices de criminalidad que se deben, creo, a la impunidad que ha imperado en el país. Esta impunidad se presenta en todos los aspectos y en todos los sentidos', lamentó.
Larach fue uno de los principales impulsores de la tasa de seguridad para usar esos recursos en el combate en contra de la delincuencia. Sin embargo, se opuso a que más de 700 millones de la referida recaudación fueran empleados en una iniciativa alejada de este propósito e impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández.
'No es cierto que el sector privado estuvo en contra de la Ley de Seguridad Poblacional, como se asegura en algunos anuncios gubernamentales', confirmó el empresario.
Ahora solicitan que esos recursos que han comenzado a captarse mediante la referida ley sean administrados con transparencia.
'El problema de Honduras, según pienso, no es la falta de recursos, sino la forma en que se administran esos fondos por parte algunos funcionarios públicos', indicó.
El empresario solicitó a las autoridades que cumplan con la Ley de Contrataciones del Estado en los procesos de compra o de contratación de servicios. 'Ya no podemos seguir adjudicando contratos de dedo', dijo.
