La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, dijo este martes que no importa la filiación política de las personas elegidas para dirigir el Ministerio Público, sino que tengan los atributos para cumplir con la responsabilidad.
'En lo personal me decanto más por escoger personas que tengan los atributos necesarias, independiente del partido político a que pertenezcan, y en lo particular del tiempo en que se escojan', comentó Castellanos.
Para la funcionaria, las personas deben tener capacidaddes personales y profesionales que den la garantía del desempeño transparente, comprometido con la investigación, la acusación correcta de los casos y la representación de los intereses de la sociedad y de las vístimas.
En el caso de las reformas a la Ley del MP, dijo que, ahora o después, siempre será un debate político, pero el país 'ya no puede seguir sometido a funcionarios que se deben más a intereses personales y particulares, sino que se necesitan funcionarios que realmente tengan visión y compromiso con el país'.
Sin embargo, recordó que en este tipo de procesos ya 'hemos tenido la experiencia que una cosa es la propuesta y otra situación es cuando se dan los debates'.
Agregó que interesa que con las reformas a la Ley del Ministerio Público se pretende fortalecer el estado de derecho, que sea 'una ley que se respete', y que esa institución defienda a los ciudadanos.
Según Castellanos, cuando se solicitó hace 20 meses que los operadores de justicia comparecieran ante el Congreso Nacional para rendir cuentas de su desempeño, no se imaginaron del rumbo que tendría el proceso, porque en ningún momento se pidió la renuncia de Fiscal General, Luis Rubí, ni del Fiscal Adjunto, Roy Urtecho.
La rectora forma parte de la Junta Proponente para la elección del nuevo fiscal, en la que se excluye al obdusman hondureño. Con las reformas
que socializa el Congreso hondureño, desaparecía la Junta Proponente.
Hasta el momento, el Congreso Nacional propone tres escenarios para la elección
del nuevo fiscal: mantener el mismo esquema de elección actual -que implicaría el nombramiento de un fiscal interino o la ampliación del plazo para la junta interventora-, que tras la reforma se elija al fiscal por cinco años - hecho que implicaría que la escogencia la haga el actual Congreso- o dejar que esa elección la haga el próximo Poder Legislativo.
