La Fiscalía contra la Corrupción comienza a detectar irregularidades en la contratación directa de 100 megas de energía sucia.
Por medio de un decreto de emergencia, el Ejecutivo autorizó a la ENEE a suscribir un contrato con la empresa Westport Finance.
La emergencia se decretó por 16 años, en medio de severos apagones que desaparecieron una vez autorizada la compra y sin que se generara un megavatio más.
“Son situaciones que se miran un poco absurdas en el hecho de pensar que 16 años es una emergencia”, expresó el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado.
“Creo que a todo ciudadano, con un poco, no sabiendo de derecho, con sentido común, puede generar un poco de desconfianza”, agregó.
Se investiga el sustento legal para que el contrato fuera aprobado por el Congreso Nacional, con el tilde de “emergencia”.
“Miramos contratos de energía para 100 megas y tal pareciera que direccionaron una situación de tal naturaleza, estamos investigando, ya que detectamos algún tipo de irregularidad”, afirmó.
Entre las irregularidades detectadas, que resta confirmar, está la suscripción, si el contrato fue aprobado por toda la junta directiva de la ENEE y si existe una emergencia real por 16 años.
Estos hechos se encuentran en proceso de ser confirmados por la Fiscalía, quien a pesar de detectar anomalías, se necesitan mayores elementos para decidir interponer o no una acusación ante los tribunales de justicia.
Entre las diligencias practicadas está la de pedir explicación al gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano.
Asimismo, se citó a directivos y funcionarios de la estatal eléctrica y se encuentra en proceso de revisión la documentación solicitada, como el contrato suscrito con Westport.
Hipotética emergencia
La Fiscalía espera concluir pronto la investigación para confirmar si hay responsabilidades penales qué deducir.
“Se está trabajando muy fuerte, revisando contratos, la conformación de los mismos, si hay una irregularidad en la suscripción como hasta qué punto se están ejecutando correctamente”, explicó.
Se investiga si la suscripción del contrato se hizo en base a derecho o a criterio de los funcionarios.
“Se investiga una hipotética emergencia”, dijo el fiscal especial. “Esperamos que todo esté dentro del marco legal, de no ser así tenemos que deducir las responsabilidades correspondientes”, puntualizó Salgado.
