Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, defendió las nuevas regulaciones para la importación y comercialización de cemento en Honduras y aseguró que no cederá ante presiones de empresas importadoras, al afirmar que la prioridad del gobierno es garantizar productos de calidad y seguros para la población.
La controversia surge tras la entrada en vigor del Acuerdo Ministerial 027-2026, que establece nuevos requisitos para la importación de cemento, incluyendo controles de laboratorio, inspecciones técnicas y normas de etiquetado para verificar la calidad del producto que ingresa al país.
Ordóñez sostuvo que las medidas aplican por igual a todas las compañías del rubro y rechazó señalamientos de que las disposiciones busquen favorecer a ciertos sectores empresariales.
“Son las empresas, los fabricantes, los importadores; no podemos nosotros bajar el estándar para sacrificar al pueblo hondureño”, expresó el funcionario.
El titular de Desarrollo Económico también señaló que las condiciones de almacenamiento y transporte pueden alterar la calidad del cemento, por lo que consideró necesario mantener controles estrictos desde el ingreso del producto hasta su comercialización.
“Tenemos que hablar de los tiempos, no van a ser las mismas condiciones del cemento que se haga una inspección en el barco, en el puerto, que ya un mes o dos meses después en otras condiciones de almacenaje. El reglamento también condiciona cómo está siendo almacenado; yo le puedo dar fotografías de cómo lo almacenan, solo con un toldo”, manifestó.
Asimismo, Ordóñez negó estar recibiendo presiones por parte de empresarios o importadores inconformes con la normativa. “Nadie me está presionando”, afirmó, insistiendo en que el objetivo de las regulaciones es evitar la comercialización de cemento que no cumpla con estándares técnicos y de seguridad.
El funcionario reiteró que el gobierno mantendrá las inspecciones y controles establecidos en el acuerdo ministerial, argumentando que la calidad del cemento impacta directamente en la seguridad de las construcciones y, por ende, en la protección de la población hondureña.
