Honduras

Ministerio Público investiga compras directas del gobierno de Honduras

Cada 38 días el gobierno emitió un decreto de emergencia y de esta forma evadía apegarse a la Ley de Contratación del Estado.

07.04.2014

Una minuciosa revisión
hará
el Ministerio Público en los contratos suscritos por el gobierno de la
República
de Honduras amparándose
en decretos de emergencia.

En los 22 meses de la actual gestión del presidente Porfirio Lobo se han emitido 95 decretos del Poder Ejecutivo publicados en La Gaceta, de los que 16 han sido de emergencia, de acuerdo al portal de Transparencia de la Secretaría de la Presidencia

La administración Lobo Sosa emitió un decreto de emergencia cada 38 días
y de esta forma evadía apegarse a la Ley de Contratación del Estado.

Con estos 16 decretos de emergencia, el gobierno ha erogado más de 5,800 millones de
lempiras.

Henry
Salgado, fiscal especial contra la Corrupción afirmó que el gobierno puede determinar la emergencia, pero tiene que ceñirse al marco de la Ley de Contratación del Estado que ya establece si se trata de una licitación privada o una compra o contratación directa.

Lo
preocupante, agregó, es que se esté comprando
directamente
y no exista la necesidad de emergencia.

Salgado señaló que es posible que se esté direccionando hacia ciertas personas o intereses particulares y si ese es el caso, los funcionarios responsables podrían estar sujetos a una persecución penal por violar la ley.

Según el fiscal, se han abierto algunos expedientes y 'se están investigando como en el caso de los contratos que se han hecho para determinar si hay alguna responsabilidad'.

'Esa
discrecionalidad que adquiere el funcionario mediante una compra directa es lo que motiva el acto de corrupción si decide hacer la contratación o adquisición direccionándola a intereses particulares', indicó.

El decreto más controversial del período del gobernante Lobo es el PCM-0051-2011, aprobado el 2 de agosto de este año para suplir la demanda de electricidad en zonas donde los sistemas de distribución están obsoletos.

Por su parte, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), solicitaría informes sobre las compras directas
hechas a través de los decretos de emergencia.

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