El Ministerio Público (MP) definirá en esta semana la estrategia que ejecutará en las próximas elecciones generales.
Los fiscales generales Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar valoran emprender acciones para garantizar la transparencia en los comicios.
Para ese efecto la Fiscalía General convocará a una reunión a las autoridades de la Dirección de Fiscalías, fiscales especiales y coordinadores de las Fiscalías regionales y locales, entre otros.
Lo que se pretende es definir una estrategia para trabajar de manera coordinada, informó una fuente a EL HERALDO.
La Dirección de Fiscalías emitió un instructivo sobre delitos electorales para que los fiscales investiguen denuncias que se pudieran presentar por irregularidades en las elecciones generales del 24 de noviembre.
El director de Fiscalías, Rolando Argueta, emitió la circular No. 25-2013, dirigida a todos los fiscales a nivel nacional.
En el documento se exponen artículos referidos a comisión de delitos electorales, sanciones y otros aspectos de competencia del MP, que están insertos en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, como en el Código Penal.
Los fiscales están concentrados en 24 oficinas del MP, a nivel nacional, y en 5 sedes regionales. En la circular se instruye a los fiscales proceder a investigar denuncias por delitos electorales, en caso que existan, informó Lorena Cálix, portavoz del MP.
Las sedes del ente acusador permanecerán abiertas este fin de semana para facilitar a la ciudadanía a interponer denuncias de tipo electoral.
La Fiscalía ejercerá la acción penal en los tribunales de justicia en casos que ameriten por evidencias recabadas en una investigación.
Acciones
Como primera instancia, en septiembre se creó la Unidad Contra Delitos Electorales, la que investiga 25 denuncias.
La Unidad es coordinada por el fiscal René Aceituno.
Entre las denuncias que investiga está el traslado irregular de domicilio de 11,300 casos. Estas denuncias fueron entregadas por las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Ya se interpuso un primer requerimiento fiscal, precisamente contra un empleado del RNP.
Se acusó a Eduardo Daniel Delgado Soto, a quien lo supone responsable, a título de autor, del delito de otros delitos electorales en perjuicio de varios ofendidos.
Se presume que entregó, de manera irregular, varias tarjetas de identidad a desconocidos.
