La visión de desarrollo que el líder del movimiento Por mi País, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, tiene para Honduras está basada en entre ejes fundamentales: transformación del sistema educativo, el rescate de la economía y un verdadero reordenamiento del sistema de tributos, pero también una transformación en el sector público que conlleve a la reducción del gasto corriente y, por ende, el saneamiento de las finanzas.
En materia de seguridad, Pastor reitera que las fuerzas militares jugarán un papel protagónico, pero también empeña su palabra al asegurar que continuará impulsando la depuración policial. A continuación su propuestas dadas a EL HERALDO.
¿Qué hacer con la crisis educativa?
La crisis educativa obliga a adoptar políticas, estrategias y acciones que deben ser acordadas por toda la sociedad hondureña y luego implementadas por el Estado. Esto se propone así a causa de la incapacidad de los últimos gobiernos de resolver la crisis durante las últimas dos décadas, y porque la aplicación de estas medidas sería de alto impacto para toda la sociedad.
Se debe buscar el consenso con el magisterio, la academia, las organizaciones y los gremios de la sociedad civil, las iglesias, organizaciones de padres de familia, autoridades locales, la empresa privada y los partidos políticos. Son necesarias acciones innovadoras, decisivas y prácticas para llegar a una solución.
Ya que existe en Honduras una significativa desconfianza hacia el manejo de los fondos públicos y la eficiencia del Estado en el uso de los mismos, también existe una enorme renuencia a un mayor pago de impuestos para atender las necesidades de esta área.
Habrá que utilizar vías no convencionales para atender las necesidades de recursos y de inversión en capital humano. Una vía puede ser declarar deducible del impuesto sobre la renta o del impuesto de ventas que pagan las personas o empresas privadas y redirigir este aporte económico al costo de la provisión de materiales de estudio o el costo de mantenimiento y reparación o ampliación de las escuelas y centros de estudio de los sectores vulnerables de la zona que cada zona.
De igual forma, para evitar la deserción de la educación primaria y media motivada por razones económicas, se pueden reconocer como deducibles estos mismos impuestos para el otorgamiento de becas, subsidios y subvenciones focalizadas a los potenciales desertores en las áreas rurales.
También sería deducible el costo de construcción de centros de educación superior en el área rural que lo necesite. La regulación, seguimiento y evaluación de resultados de estos proyectos son condicionantes del éxito de los mismos.
Estas acciones ya se han utilizado, a partir de 1998 se han ejecutado 4 programas de transferencias condicionadas que ejecuta el Programa de Asignación Familiar (PRAF).
Por otro lado, el actual gobierno creó el programa presidencial Bono Diez Mil con un costo de $270 millones financiados por el Banco Mundial ($40MM), BCIE ($150 MM), BID ($75MM) y fondos nacionales ($5MM).
Es urgente que se evalúen con precisión y rigor los logros de estos programas de transferencias económicas condicionadas por su alto riesgo de politización, exclusión e inequidad en las asignaciones a hogares pobres, y por la tendencia a sustituir la toma de decisiones estructurales en el sector educativo para eliminar las ineficiencias y debilidades existentes.
El endeudamiento externo destinado a estos programas tiene un costo de oportunidad para el país que debe considerarse seriamente, considerando también las urgentes necesidades en otros sectores críticos para el país.
Mi propuesta es consolidar todos los programas de transferencias condicionadas que existen por parte de las instituciones públicas, incluyendo el actual programa de salud, educación y nutrición, en una “transferencia integral de equidad social” que llegue prioritariamente a las 680,000 familias en extrema pobreza (41.6% de 8.2 millones=3.4 millones/5 miembros por familia=680,000 familias) y luego a las 315,000 familias viviendo en pobreza, que juntas todas se estiman en 61.9% de 8.2 millones de habitantes de Honduras.
La asignación de esta transferencia se haría según registro único de beneficiarios debidamente actualizado con apoyo de organismos internacionales de cooperación, que incluya el registro nacional de la primera infancia y que permita monitorear y evaluar los resultados obtenidos con esta transferencia consolidada.
¿Qué hacer con una juventud cada vez más numerosa, con deficiencias educativas y necesidad de empleo?
Los niveles de educación y los ingresos de las personas están estrechamente relacionados al ubicarlos en los sectores productivos que requieren mayor (servicios y manufacturas), o menor (sector primario: agricultura, ganadería y silvicultura), nivel educativo.
Según el “Informe sobre desarrollo humano en Honduras 2011”, el ingreso mensual promedio de una persona que ha cursado la educación superior (L 14,943) es casi dos veces y media más alto que el de alguien que ingresa a educación secundaria (L 6,049), casi cuatro veces más alto que el de quien ingresa a la educación primaria (L 3,814) y seis veces más que el de una persona que no tiene ningún nivel de escolarización (L 2,438).
En los hogares de menores ingresos, el 36% no tiene ninguna educación formal y el 59% tienen educación primaria; en los hogares de mayores ingresos un 33% tienen educación secundaria y un 27% tienen educación superior.
Es importante reconocer que además de los niveles de educación formal se puede acudir a la educación vocacional y a la organización en micro, pequeñas y medianas empresas para mejorar el ingreso económico.
La formación de la juventud en el seno familiar es toral para aprovechar el dinamismo y disposición de trabajo de los jóvenes en beneficio de toda Honduras. Lamentablemente, la misma situación de pobreza que abate al país también abate a la célula familiar y por lo tanto afecta la cohesión social. Debemos volver a estos valores y principios para hacer de nuestros jóvenes seres solidarios y activos en el desarrollo de organizaciones y grupos que buscan el progreso de su comunidad y el respeto a la ley.
El dato de jóvenes que no estudian ni trabajan es de 23.9% de 3.1 millones de jóvenes, o sea cerca de 750,000 jóvenes entre 12 y 30 años de edad. Esto nos dice que estos recursos humanos serían muy bien aprovechados en una campaña nacional de alfabetización que pudiera lograr lo que ya se ha logrado en 58 municipios de 15 departamentos del país a través de un proyecto conocido por Yo sí Puedo (premiado por la UNESCO por su eficacia en la alfabetización de jóvenes y adultos).
¿Qué hacer con el crecimiento de la población y la falta de un plan de ordenamiento territorial efectivo?
El crecimiento de la población y su composición mayoritaria de jóvenes, junto con la baja calidad educativa y de vida que la tipifican, hacen que la desigualdad en la tenencia de la tierra y en los accesos a otros factores de la producción magnifique la situación de pobreza y desaliento en la sociedad.
A pesar de los esfuerzos realizados en acciones de reforma agraria, la tendencia en los últimos 60 años ha ido hacia la concentración de la tierra en pocas manos. Ha habido tres censos agropecuarios desde 1952 hasta 1992, realizados en lapsos de 22 (1974) y 18 años respectivamente. Actualmente está en proceso un nuevo censo.
En 1974 el 64% de las propiedades tenían menos de 5 hectáreas y representaban el 9.1% de la superficie en propiedades; por su parte las propiedades con 50 hectáreas o más eran solo un 4% de todas las propiedades, pero constituían en 56% de la superficie total en tierras. En el año 1992 hay un aumento a 71% de las propiedades con menos de 5 hectáreas y representaron el 9%. En cambio las propiedades con 50 o más hectáreas aumentaron a 4.8% de todas las propiedades y constituían un porcentaje mayor, de 62% de la superficie en tierras, denotando un ligero incremento en la concentración de toda la tierra.
Ante el crecimiento poblacional y la falta de un ordenamiento territorial efectivo, es lamentable ver las pocas tierras que tenemos en valles, sin utilizar y hasta a veces, sin cercar, en un 85%.
Es aconsejable estimular una ganadería intensiva en vez de la extensiva que tenemos y mejorar la productividad del hato ganadero que comparado con el de Nicaragua no le llegamos ni a la mitad de sus rendimientos.
¿Qué estrategia y qué sectores apoyaría usted para que la economía crezca a un ritmo aceptable con las necesidades del país?
Que el Estado reestructure sus instituciones para que sean más efectivas y eficientes en la utilización de los recursos que la sociedad le paga en concepto de impuestos, cargas y contribuciones tributarias. Esta estrategia debe realizarse inmediatamente al iniciarse el próximo gobierno, aunque sería ideal que se iniciase ya. Cuanto antes.
En la actualidad la crítica situación fiscal del gobierno, la constante toma inadecuada, inconsulta e improvisada de decisiones, al igual que los indicios o sospechas de corrupción o falta de transparencia en los poderes del Estado, no contribuyen a crear un ambiente positivo de negocios, desarrollo empresarial y de inversión directa nacional o externa.
Destacan por su impacto social y económico las siguientes actuaciones que deben ser condenadas: la relativamente reciente situación de complicidad, corrupción y participación de algunos miembros de la Policía Nacional en crímenes de todo tipo y en alianzas con el crimen organizado; las sospechas de mal manejo de fondos públicos por parte de altas autoridades del gobierno; la destitución e intervención de varias e importantes instituciones del Ejecutivo; la obvia situación de difícil o crítico estado operativa y financiero de las empresas públicas de energía (ENEE), telecomunicaciones (Hondutel) y agua (SANAA).
Una vez superadas estas debilidades e incapacidades del gobierno, el futuro gobierno debe realizar las siguientes acciones para acelerar un crecimiento socio-económico sostenible y sustentable: a) Inversiones masivas en construcción, reconstrucción, mejoramiento, reparación y mantenimiento de infraestructura económica y social.
b) Reformas estructurales en la organización del gobierno para reducir el gasto corriente y liberar esos recursos para inversiones.
c) Revisión del modelo educativo en base a evaluación de resultados y de las leyes que lo enmarcan y apoyan
d) Ampliación de los servicios de Infop en capacitación técnico-vocacional en las zonas rurales y en las zonas más pobres de Honduras y Departamentos con mayores niveles de pobreza
e) Ampliación de los servicios de programas especiales de educación media en las zonas rurales demostrados como exitosos y eficientes y apoyados por la SE y cooperantes externos.
f) Promoción y estimulación del sector privado para mejorar su productividad y competitividad y, por tanto, su participación en el comercio exterior dentro de la zona de libre comercio centroamericano y dentro de los Tratados comerciales con la CAFTA y del Tratado de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica; el sector cafetalero debe protegerse de las inesperadas y bruscas variaciones que sufren sus precios internacionales y de las enfermedades o afectaciones climáticas inesperadas que normalmente lo afectan.
g) por esta razón, el Estado deberá crear un Fondo que lo proteja y que se le pueda asignar en estas emergencias que afectan su estabilidad financiera y su desarrollo sostenible y sustentable.
h) Creación de un fondo nacional de preinversión e inversiones públicas para atender con mayor celeridad y eficacia las inversiones propias o APP.
i) Gestión con el BID, BM y BCIE de financiamientos de programas sectoriales de inversión pública correspondientes a todo el período de gobierno 2014-2018.
j) Creación de un centro legal de atención de demandas de contratistas, consultores, proveedores y empleados.
k) Conversión de los bonos 10,000 en fondo social de educación y salud rural para atención a niños de 5 a 14 años en las zonas rurales.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se estima será en el rango de 3.5%- 4% por tratarse del primer año del nuevo gobierno y por desconocer por ahora la profundidad de la crisis fiscal y económica en que se encontrará el gobierno y el país. La meta será crecer al 6-8 % en el segundo año de gobierno y llegar hasta 8-10% en los años posteriores al primer año de gobierno.
¿Cómo piensa sanear las deudas del sector público?
La deuda externa no representa un
problema porque es sumamente concesionada y asciende a $3,400 millones; tiene 10 años de gracia y luego se empieza a pagar con una reducida tasa de interés de 1% anual en 30 años. Además, el monto de esta está dentro de los límites considerados aceptables, al llegar a 18.4% del PIB (de 17.0% del PIB en el año 2008).
Es el monto y ritmo acelerado de crecimiento de la deuda interna lo preocupante, ya que ha subido aceleradamente de L 22,988 millones en el año 2009 (5% del PIB) a L 47,939 millones en el año 2011 (15% del PIB). Este acelerado crecimiento relativo de participación de la deuda interna en el PIB, de 10% en 3 años (2009-2011), es casi 7 veces el aumento relativo de la participación de la deuda externa en el PIB (1.4%) en 4 años (2008-2011). Además, está también a niveles peligrosos en cuanto a su impacto en el sistema financiero, porque éste compra emisiones de bonos a corto plazo y con tasas de interés altas, repercutiendo en la tasa activa de intereses por préstamos bancarios en los bancos de Honduras.
El saneamiento de las deudas de cualquier tipo debe ser con mayor eficiencia de recaudación de impuestos a través de la reactivación de la economía al bajar el endeudamiento interno y la disminución de las tasas de interés, y por entrada de capitales nuevos recibidos por refinanciamiento en mejores condiciones que las de la deuda existente, y a largo plazo.
Las condiciones para obtener este nuevo financiamiento son: mantener el gasto público dentro de límites prudentes; lograr mayor rendimiento y productividad del gasto corriente mejorando la administración de los recursos; y lograr niveles de transparencia urgentes y necesarios con supervisión y control estricto. Además, se debe dirigir el gasto público de forma prioritaria a inversiones más que a gasto corriente. Aumentar la recaudación de los ingresos tributarios, revisando y eliminando subsidios y exoneraciones tributarios.
¿Qué piensa hacer para bajar los altos índices de criminalidad en el país, especialmente en las zonas urbanas donde son más elevados?
Proponemos la implementación del concepto de seguridad militar, con el objetivo de reducir la incidencia del delito, apoyando la presencia de elementos del ejército en las unidades de transporte público, para respaldar la seguridad. Velaremos por las acciones de depuración de la policía nacional, convirtiéndola en una policía renovada y que ésta a corto plazo tenga el apoyo de la fuerza militar para contrarrestar ágilmente los elementos del delito.
La esencia de nuestra propuesta se basa en reducir, controlar y erradicar el delito a nivel nacional, atacando los índices de incidencia en forma focal; para ello, el país requiere soluciones integrales, como el Programa de Distritos Policiales, los cuales fomentarán y fortalecerán el binomio policía-ciudadanos, promoviendo una cultura preventiva regional para que los ciudadanos del país paulatinamente puedan ir recuperando esa seguridad tan anhelada; la creación de observatorios del crimen para el registro y análisis geográfico del delito que permitan la definición de estrategias efectivas y evaluables; programas de reducción del delito; y la implementación de nuevas tecnologías que operen el trabajo de manera efectiva, en tiempo real, para reducir los índices de incidencia delictiva.
Al mismo tiempo, se prestará atención a los jóvenes y se les estimulará a participar en actividades que crean cohesión social y solidaridad como ser: actividades deportivas, artísticas, literarias, musicales, comunitarias, de voluntariado y apoyo barrial, de investigación social, económica y ambiental y de educación vocacional. Deseamos trabajar en proyectos pragmáticos, realistas y de largo plazo para obtener una sociedad despejada de incertidumbre, y ambicionada dentro de un marco de libertades fundamentales bajo un modelo de desarrollo, creciente sostenible e integrado.
Nuestra iniciativa es tratar de forma efectiva, con todo tipo de organizaciones delictivas, a través del endurecimiento de las penas, penalizando el reclutamiento y legalizando la confiscación de bienes. Estableceremos una policía de investigación criminal científica, profesional y efectiva, para dar respuesta a la población nacional, y significativamente fortaleceremos las acciones de todos los operadores de justicia.
¿Qué hacer con el gran tamaño y la baja eficiencia del sector público?
Revisar el presupuesto del Estado, limitándolo a que sea un presupuesto de funcionamiento en un 90% y 10% en transferencias sociales condicionadas que sean solicitadas o canalizadas por las autoridades municipales.
El Congreso Nacional deberá focalizar su atención en la legislación que necesita el país para enmarcar su desarrollo sostenible, humano, económico y político. Además, deberá prestar atención a la eliminación de leyes que han sido ya sustituidas por nuevas leyes, de forma que los operadores de justicia estén claros de cuáles son las leyes vigentes.
Para reducir y racionalizar el gasto del poder ejecutivo, este debe fusionar secretarías de Estado que tienen finalidades u objetivos similares y que por tal razón pueden estar bajo un secretario de Estado y con sub-secretarías especializadas en inversiones especiales o en regulaciones y control, para lograr de esta manera mayor eficiencia y resultados óptimos, evitando así la burocracia.
¿Cómo piensa disminuir los índices de corrupción en el país y qué objetivos considera que de forma realista se podrían alcanzar en los 4 años del próximo gobierno?
Los funcionarios o empleados públicos que resulten culpables de corrupción deben ser social y legalmente expuestos, privados de su libertad y obligados a restituir los recursos del Estado ilegalmente utilizados o adjudicados. La impunidad en actos de corrupción del sector público no es aceptable por ninguna persona de la sociedad hondureña, tanto por principio moral como por la injusticia y crimen de robarle recursos a la población más pobre de Honduras.
Adicionalmente, se deben fortalecer las áreas administrativas y de auditorías internas de cada institución pública, y se debe atender a las mismas con unidades técnicas especializadas y contratadas para la realización de auditorías sociales y forenses que permitan asegurar que los recursos del Estado se están usando de acuerdo a normas existentes en la Ley de Contrataciones para la licitación de obras y concurso de servicios profesionales.
Las instituciones contraloras del Estado, a su vez, deben constituirse con autoridades no políticas, o sea no seleccionadas por partidos políticos de turno, para que puedan ejercer sus labores con toda la autonomía, capacidad y oportunidad que se requiere.
¿Qué piensa hacer para fortalecer las instituciones del estado democrático hondureño y qué objetivos considera realista alcanzar en 4 años?
Propuesta realista de reestructuración y fortalecimiento del Poder Ejecutivo y Legislativo, como expliqué en la pregunta No. 7.
Esta propuesta se debe realizar al inicio del próximo gobierno y socializarse debidamente antes de decidir su implementación. Aunque si se hace una encuesta, los resultados confirmarán que la mayor parte de la ciudadanía piensa que tenemos un tamaño excesivo del sector público y una baja eficiencia.
¿Cómo puede salir adelante un país que no planifica y trabaja a mediano plazo y qué piensa hacer usted si es electo para cambiar esta dinámica?
La visión a corto plazo del desarrollo de un país no es admisible para lograr un crecimiento económico integral y sustentable. Para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio previstos a cumplirse en el año 2015, se han aprobado políticas de largo plazo conocidas como Visión de País para un período equivalente a 28 años, 7 gobiernos de 4 años cada uno, o sea para el período 2010-2038. Adicionalmente, se ha aprobado un Plan de Nación con objetivos y metas más específicas, relativas a los primeros 12 años o tres períodos de gobierno (2010-2022), correspondientes al actual gobierno y dos más.
Esto generó muchos cambios en el control administrativo-financiero del presupuesto y de su manejo por parte de la Secretaría de Finanzas y todas las demás secretarías. Este esfuerzo no se debe echar a perder por parte del próximo gobierno. Por el contrario, debe utilizarse en la medida de lo posible. No obstante, se deben revisar los logros obtenidos y evaluar los factores de efectividad de la estructura adoptada en cuanto a el logro de metas, en particular en el desarrollo humano de las zonas más pobres del país.
La estructura regional debe ser de abajo para arriba y no de arriba para abajo, como parece ser el caso actual en que los consejos regionales son presididos por personas nombradas desde Casa Presidencial, en vez de ser escogidos entre los miembros del consejo por mayoría de sus miembros. Es significativo conservar la Secretaría de Planificación (Seplan) y los esfuerzos de planificación a largo plazo se mantendrán igualmente.
¿Qué enfoque y prioridad dará usted a la diáspora hondureña en el extranjero?
El cuerpo consular que mantiene la Secretaría de Relaciones Exteriores en los países a los que emigra nuestra población deberá contar con los recursos económicos y humanos para lograr la asesoría legal que se necesite.
Además, el gobierno deberá buscar acuerdos de residencia o trabajo temporal legal, del mismo tipo de los que tiene con Estados Unidos y Canadá, con los países con los que no los tiene hasta ahora y en donde viven y trabajan hondureños migrantes. Igualmente, considerando que no solo las divisas cuentan, sino lo que se hace con ellas al llegar al país, vale la pena hacer ver a la familia a la que se envían las remesas que, después de cubrir sus necesidades básicas más apremiantes, podrían constituir Mipymes con apoyo del gobierno para apalancar sus recursos en la banca nacional y multiplicar sus ingresos con utilidades de sus negocios que puedan permitir después el regreso de su pariente ausente a su hogar y país.
Para este efecto, el gobierno puede realizar esta promoción usando las ventanillas bancarias y de otros medios financieros de transferencia, y dirigiendo a los interesados a la nueva secretaría de Mipymes. Debe existir replanteamientos del papel del servicio exterior para atender de manera óptima a los hondureños que residen en el exterior, como ser: la lucha por el estatus de residencia permanente en Estados Unidos, ya que ellos son un valioso soporte de la economía del país a través de las remesas que envían.
Pero ante todo, y ligado a este planteamiento, debemos luchar como país para que el sueño de cada hondureño tenga sus frutos en su tierra, en Honduras, y así evitar la desintegración familiar e impedir dejar ir a hondureños que tienen ese sentimiento audaz y de empuje.
Finalmente, debemos también incorporar a estos líderes en el exterior a nuestra vida política y proveerles la oportunidad de presentar mejores propuestas que la presente, para trabajar legalmente en el exterior e invertir y multiplicar en Honduras las remesas que nos envían.
¿Qué hacer para que la ruptura institucional y social que se produjo en 2009 quede atrás?
Fortificar el papel del Estado como ente regulador del quehacer político económico y social; promover la democracia representativa y fortalecer la democracia participativa; y el fortalecimiento del sistema de justicia.
¿Que papel debe jugar en Honduras la comunidad internacional?
El nuevo gobierno debe mantener las buenas relaciones que históricamente se han tenido con la comunidad financiera internacional. Han sido los cooperantes externos, constituidos por la cooperación técnica y los donativos otorgados por países amigos y por sus agencias internacionales de cooperación, los que han facilitado y promovido la ejecución de estudios, programas y proyectos a favor de los hondureños más pobres y necesitados.
Debemos aspirar a una política exterior que sea proactiva y un vivo reflejo de la política interna del país. Nuestra política exterior debe ser la primera línea de defensa de la imagen del país, que sitúe a Honduras en un lugar de privilegio. Se debe plantear una reestructuración del servicio exterior, que obedezca a las nuevas necesidades mundiales, en favor a la competitividad y globalización. Asimismo, se debe analizar la disposición de los lugares más importantes para la presencia de una misión hondureña y que cada misión esté conformada por funcionarios idóneos para la materia.
¿Cuánto tiempo más puede seguir el rumbo que ha llevado durante los últimos 32 años la democracia hondureña antes de que tengan que intervenir en el país los cascos azules de naciones unidas, como ha podido suceder en países como Haití, donde colapsó la institucionalidad y, por lo tanto, el resto de la sociedad?
Nuestra institucionalidad está seriamente cuestionada por la falta de confianza que inspiran la corrupción e impunidad que se aprecia en la administración pública y que se unen a la carencia de impactos y resultados en los objetivos y metas sociales.
Esto es cierto. Pero también es cierto que se respiran aires de cambios institucionales hacia su mejora y fortalecimiento en el próximo gobierno que se definirá en algo más de un año por un proceso electoral. La sociedad completa confía en que no habrá un estado fallido llamado Honduras y que nuestro sistema democrático y partidos políticos harán que se recupere la credibilidad en las instituciones. Creo que los partidos tradicionales tienen la obligación moral de proteger a nuestra joven y frágil democracia.
Sin embargo, esta es una responsabilidad que corresponde a toda la sociedad hondureña. Debemos ser tolerantes a lo nuevo y no convencional, debatiendo sus ventajas y desventajas para el país; debemos entender también que en Honduras habrá un nuevo escenario político en el que ya no habrán mayorías aplastantes que decidan las leyes y normativas en un Congreso Nacional, ni habrá un pueblo que acepte silenciosamente el abuso de poder, la corrupción, la delincuencia, la injusticia e inequidad y la impunidad de un Poder Ejecutivo y Judicial.
Por último, habrá medios de comunicación que denunciarán lo que un pueblo no quiera denunciar y una comunidad internacional que estará apoyando solidariamente las necesidades y denuncias de ese pueblo pobre y sufrido en las zonas rurales hondureñas.
¿Qué valor da usted al espíritu de la selección olímpica de fútbol de Honduras en Londres 2012, cuál cree que debe ser la participación de estos muchachos en el reto de clasificar a Brasil 2014 y qué cree que puede aprender el país de esta selección? Fueron momentos de gloria, orgullo y dignidad nacional. El coraje, tenacidad y empeño para ganar valió el triunfo que obtuvimos. La lección aprendida es que el trabajo bien hecho solo puede conducir al triunfo, sin importar el nombre y prestigio de los competidores o rivales.