La creación de nuevas leyes permite ubicar a Honduras como un país que practica un combate frontal al delito de lavado de activos.
Esta es la posición que sustenta el Ministerio Público (MP) luego de que EL HERALDO diera a conocer un informe del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, que ubica a Honduras en un nivel de “riesgo medio” en la comisión de este delito.
La investigación abarcó a 144 naciones de todo el mundo y constituye el primer ranking de carácter académico e independiente que evalúa el peligro de la penetración del lavado de activos y el terrorismo.
A nivel centroamericano, Honduras aparece como el segundo país más vulnerable al lavado de dinero. El primer lugar es Costa Rica.
“En Honduras se hace un combate férreo al delito de lavado de activos”, afirmó el fiscal adjunto, Roy Urtecho.
Argumentó que el Congreso Nacional aprobó un paquete de leyes que permiten a operadores de justicia un combate más efectivo contra el flagelo.
Para el caso, destacó la aprobación de leyes como la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, la ley contra el Financiamiento al Terrorismo, la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República que autoriza la extradición de hondureños vinculados al crimen organizado.
Asimismo, la normativa que autoriza intervención de llamadas telefónicas y la creación de jueces con jurisdicción nacional para conocer acusaciones contra implicados en narcoactividad y otros delitos graves.
“Estas figuras que se han puesto a disposición de los operadores de justicia va a fortalecer el combate contra quienes se dedicaban al lavado de activos, a ubicar propiedades y dinero en otras manos”, expresó.
“Lo importante es que Honduras está trabajando para ser mejor y disminuir la criminalidad organizada”, agregó.
Resultados positivos
La vigencia de las leyes antes enunciadas posibilitó que la Fiscalía contra el Crimen Organizado obtuviera resultados positivos en el combate del lavado de activos.
Esta Fiscalía tiene una Unidad contra el Lavado de Activos, que investiga el blanqueo de capitales, en cualquiera de sus formas.
En los últimos meses se dictaron 62 sentencias condenatorias contra lavadores de dinero. La cifra ubica a Honduras como el país con mayor cantidad de sentencias en Latinoamérica.
Asimismo, la Fiscalía destaca que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) es tomada de ejemplo, para otros países.
“Honduras tiene la mejor normativa en materia de lavado de activos de Centroamérica”, subraya un comunicado de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Actualmente, hay países que no tienen ni un caso judicializado por lavados de activos.
Cabe reseñar que la Unidad contra el Lavado de Activos cuenta con personal que imparte exposiciones en el ámbito internacional.
Privación de bienes
A un año de su creación, la Fiscalía Especial de Privación de Dominio obtuvo 11 sentencias, 10 favorables a las pretensiones del MP y una declarada sin lugar.
Asimismo, hay 26 casos judicializados y 16 casos en proceso investigativo. Se han puesto a la orden de la OABI 11 casas, 18 terrenos, 31 vehículos, 22 embarcaciones, 12.7 millones de dólares y 6.2 millones de lempiras.
Actualmente, la Fiscalía está bajo el mando de un Fiscal Especial, quien tiene a su cargo las unidades de: Fiscales, Análisis Financiero, Patrimonial y Declaratoria de Abandono.
Fiscalía asegura avioneta por lavado
La Fiscalía Especial de Privación de Dominio, aseguró la avioneta Year Marker, modelo 1981 Piper, PA- 31350, serie 31-8152161, ante el juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
El 1 de diciembre de 2010, en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, Jesús Manuel Castillo Tejeda, dominicano; Andy Arody Duque Peña y Skarleth Paulette Leal Duque, aterrizaron en las terminal aérea con procedencia de Guatemala.
En aquel entonces, las autoridades decomisaron la avioneta por la supuesta comisión del delito de lavado de activos, pese a esto, a toda la tripulación, se les otorgó una libertad provisional.
Cabe destacar que todavía existe una investigación abierta, en torno a este caso.
La Fiscalía solicitará la privación definitiva de la avioneta, que está bajo custodia de la Fuerza Aérea.
CSJ quedó fuera del reparto de bienes
Tegucigalpa. El Congreso Nacional (CN) dejó por fuera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del grupo de instituciones beneficiadas con la repartición de bienes incautados al crimen organizado.
En el diario oficial La Gaceta se publicó el decreto 23-2012 que define que el MP y la Secretaría de Seguridad recibirán un 26.7 por ciento de los bienes incautados, Defensa un 26.6 por ciento, entre otros.
El Poder Judicial forma parte de los operadores de justicia interviniente en la lucha contra el crimen organizado, se desconoce qué motivó al Legislativo para excluirla.
Además, la misma OABI quedó fuera de la distribución. El director de la OABI, Humberto Palacios Moya, instó al CN a reformar la ley para permitir incluir a estas dos instituciones.
A su juicio, existió “ligereza” por parte del Poder Legislativo al aprobar este decreto.
“Fue discutido muy rápidamente, sin mucha reflexión. Creo que el Poder Legislativo va a rectificar este decreto 23-2012, porque no está incluido la Corte ni la OABI”, dijo.
Sin embargo, explicó que en cumplimiento a sentencias dictadas antes de la emisión de la ley la OABI distribuirá a distintas instituciones, incluida la CSJ, 4.9 millones de dólares y unos 31,000 lempiras,
El CN aprobó un decreto aún y cuando la Ley de Privación de Bienes de Origen Ilícito, en su artículo 78, dispone la forma como se distribuirán los bienes.
