Incertidumbre
Prácticamente todo está listo en Honduras para que el gobierno conceda a las Fuerzas Armadas facultades propias de la Policía Nacional, una de las medidas con las que el gobierno pretende combatir la criminalidad imperante en el país.
Poco después de las dos de la tarde de este lunes concluyó la reunión convocada desde horas de la mañana en Casa de Gobierno, hasta donde llegaron los miembros de la cúpula policial para dialogar con el mandatario Porfirio Lobo Sosa sobre los cambios en materia de seguridad y las reformas a la ley que abren paso a las nuevas medidas.
La propuesta de que las Fuerzas Armadas respalden las acciones policiales en contra de la delincuencia fue hecha a principios de noviembre, precisamente tras el inicio de la denominada Operación Relámpago, en la que elementos de ambas instituciones salieron a las principales calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula para resguardar a la ciudadanía.
“Convoqué a la cúpula policial para explicarles que mi determinación con la participación de la institución armada es firme y que no tiene por qué haber problema entre ambas instituciones”, declaró el mandatario hondureño.
“Pepe” solicita apoyo
El gobernante hizo además un llamado a la sociedad a respaldar las acciones del gobierno en materia de seguridad y mencionó la inminente aprobación por parte del Congreso Nacional de las reformas y creación de instrumentos legales para que las Fuerzas Armadas tengan otras facultades.
Aseguró que los jerarcas militares le han manifestado su voluntad de apoyar al gobierno; ellos mismos han pedido al Ejecutivo el marco legar para actuar, según lo dicho por “Pepe”.
La iniciativa en este sentido ha sido rechazada por varios sectores políticos y de la sociedad, quienes advierten que esto podría traer “graves” consecuencias para el país.
Lobo informó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le ha ofrecido brindar capacitación en materia de labores policiales a la institución castrense.
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La puesta en marcha de la estrategia del gobierno
contra la criminalidad a inicios de mes coincidió con el estallido del escándalo por la corrupción al interior de la Policía Nacional, tras confirmarse la participación de varios de sus elementos en el asesinato de dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos.
Precisamente este día doce comisionados policiales se sometieron a pruebas antidoping, como parte de la depuración institucional que la sociedad exige a las autoridades.
