Tegucigalpa, Honduras.-Un juez natural denegó la solicitud de cambio de medidas cautelares al diputado Nelson Márquez, por lo que continuará bajo arresto domiciliario.
La resolución fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien indicó que “las medidas cautelares se mantienen tal y como se dictaron en su momento, al considerar que no hay lugar para modificarlas”.
El abogado defensor Dagoberto Aspra, representante legal de Márquez, informó que el juez desestimó los argumentos presentados por las defensas durante la audiencia, a pesar de que se ofrecieron fianzas hipotecarias como garantía.
“Presentamos arraigos suficientes, respaldados en bienes inmuebles valorados en alrededor de 70 millones de lempiras. Sin embargo, el juez consideró que cada imputado debe presentar una fianza de 300 millones, proporcional al supuesto daño causado al Estado”, declaró Aspra.
Según detalló el defensor, el Estado argumenta un perjuicio económico estimado en más de tres mil millones de lempiras, producto de un contrato irregular y un laudo arbitral sin respaldo legal que habría beneficiado a la empresa Nainsa.
El juez, también, ratificó el arresto domiciliario a los señores Juan Fernando Madrid Lezama, Eva María Vásquez Villanueva, Reynaldo Esaú Gradis Vilorio, Irisabel Lucía Miranda, Martha Vicenta Doblado Andara, Caronte Rojas Zavala y Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
“El daño que se menciona es hipotético. Las obras por las que se reclama el pago fueron ejecutadas y están físicamente en los lugares. No se trata de contratos fantasmas, sino de una deuda que el Estado se niega a honrar”, añadió el abogado Aspra.
En cuanto a los recursos legales, las defensas ya presentaron recursos de reposición y anunciaron que la próxima semana interpondrán recursos de apelación ante instancias superiores.
Aspra subrayó que la solicitud de cambio de medidas también tenía como propósito permitir que el diputado Márquez pudiera realizar campaña electoral, al considerar que se encuentra en desventaja frente a otros candidatos.
Contexto del caso
Los imputados enfrentan un proceso penal por su supuesta participación en un desfalco superior a los 3,084 millones de lempiras al Estado de Honduras.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio se habría generado a través de un contrato irregular y un laudo arbitral sin respaldo legal, en el que intervinieron funcionarios de la Procuraduría General de la República, el Fondo Hondureño de Inversión Social y representantes de la empresa Nainsa.
De acuerdo con la acusación, los exfuncionarios habrían favorecido a la empresa en un proceso de resolución de controversias, comprometiendo fondos públicos de manera ilícita.
