La comisión interventora del Ministerio Público
(MP) comenzó este jueves el proceso de evaluación y depuración de la institución, ante la oposición de diversos sectores que califican de inconstitucional la suspensión del fiscal general y del fiscal adjunto.
La sede del MP en la capital de Honduras
se encuentra fuertemente resguardada por elementos de la Policía Nacional desde tempranas horas, en espera de la llegada de los miembros de la comisión que fue juramentada anoche por el Congreso Nacional.
No obstante, trascendió que se presentarán hasta el viernes.
Dicha comisión está conformada por María Antonia Navarro,
exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y actual directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), quien la preside; Lino Tomás Mendoza, abogado de filiación liberal; Miriam Guzmán,
magistrada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); y Ángela Madrid,
coordinadora de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los comisionados se trasladaron esta mañana al Congreso Nacional, donde se reunieron con representantes de la cooperación internacional y se esperaba que posteriormente asumieran sus funciones en el Ministerio Público.
En el Palacio Legislativo, los profesionales del derecho ofrecieron una conferencia de prensa, en la que garantizaron que trabajarán incluso los fines de semana para cumplir la tarea que se les ha asignado.
'La sociedad hondureña demanda resultados prácticos y en este caso, de resultados a corto plazo (...) Vamos a tener resultados y al cabo de estos dos meses, la sociedad en general va a poder sacar conclusiones si efectivamente nuestro trabajo fue juzgado o no y a la larga, el resultado va a ser satisfactorio', dijo la abogada Miriam Guzmán.
Los comisionados aseguraron que el fiscal general se encuentra 'muy anuente' a trabajar en el proceso, por lo que
ya fue fijada una primera audiencia para definir la colaboración que requerirán.
El primer informe de la comisión, confirmó Guzmán, será presentado el 17 de mayo al Congreso Nacional. 'Esperamos a 60 días tener más de 60 o 70% de lo que se nos ha encomendado, si no el 100%', expresó, aunque no descartó una ampliación al período de acción.
Además, aseguró que las acciones de la comisión inteventora del Ministerio Público se enmarcarán en la legalidad y que estas podrían incluir la reubicación de fiscales de acuerdo a su experiencia y formación académica.
'No debe haber temor por parte de los fiscales, lo que se pretende es el fortalecimiento de la institución', dijo con respecto a la alerta en la que se declaró la Asociación de Fiscales de Honduras
tras el anuncio de intervención.
Durante el período de intervención que se extenderá por 60 días, el fiscal general Luis Alberto Rubí y el fiscal general adjunto, Roy Urtecho,
no podrán ejercer sus funciones.
Asimismo, un decreto aprobado anoche previo a la juramentación de la comisión establece que el ejercicio de la acción penal pública le corresponde a la comisionada coordinadora, por lo que los fiscales podrán presentar acusación ante los Juzgados competentes por delegación de Navarro.
La comisión dispondrá de un presupuesto de 2.5 millones de lempiras para realizar su trabajo y, además, administrará el presupuesto designado al MP para el año 2013.
+ Dictamen de la Comisión Interventora del Congreso Nacional
