Tegucigalpa, Honduras.- Medidas distintas a la prisión dictó un juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, a otro señalado de participar en el millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata de Elmer Antonio Rubí Rivera, acusado por el Ministerio Público (MP), del delito de lavado de activos y por considerársele cooperador necesario para el dolo de fraude.
Rubí se presentó de forma voluntaria a los tribunales de justicia ubicados en la avenida La Paz, en la capital de la República, para comparecer en la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez le notificó, al igual que a su defensa legal, de los cargos que le imputa el ente acusador del Estado.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial (PJ), informó que "el juez ha dictado medidas sustitutivas, las cuales están establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, y son las de: no salir del país, presentarse periódicamente al Juzgado a firmar y quedar al cuidado y vigilancia de su apoderado legal".
Para poder defenderse en libertad, Rubí Rivera rindió una caución hipotecaria de un bien inmueble a favor del Estado de Honduras, valorado en 13 millones de lempiras, ofrecimiento que fue aceptado por el juez.
Castillo explicó que "él tenía una atenuante a su favor, él solicitó la presentación voluntaria y además, presentó una caución", confirmó.
La audiencia audiencia inicial se desarrollará el próximo 18 de agosto, a las 9:30 de la mañana, en la misma judicatura en la que se desarrolló esta primera cita judicial.
Base de la acusación
El Ministerio Público detalló en sus investigaciones, que entre 2010 y 2014, cuando José Alberto Zelaya Guevara fungía como subgerente de Compras del IHSS, supuestamente favoreció de forma irregular a la empresa Distribuidora de Suministros Médicos (Disumed), propiedad de Elmer Rubí.
A esa compañía le habrían adjudicado, de manera fraccionada, cinco compras directas de gasas quirúrgicas por un total de 893,750 lempiras, violando la Ley de Contratación del Estado.
El ahora imputado habría recibido fondos a través de su madre, mediante la emisión de cheques sin justificación legal por parte de empresas fachadas, por un monto total de dos millones cuatrocientos noventa mil setecientos cincuenta lempiras. El MP aseguró que estos fondos fueron manejados mediante operaciones financieras destinadas a ocultar su origen ilícito.
