El presidente del Congreso Nacional (CN), Juan Orlando Hernández, y el de la República, Porfirio Lobo Sosa, parecieran centrar su mayor interés en gobernar teniendo el control absoluto de todos los poderes del Estado.
Así lo expone la posición oficial de la Iglesia Católica, plasmada en el editorial del semanario Fides, su órgano de divulgación escrito. La Iglesia oficializó su postura por los últimos acontecimientos en el CN, referidos a la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional:
Rosalinda Cruz Sequeira, Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma y Francisco Ruiz Gaekel. A continuación el contenido textual del editorial de Fides, titulado “Humanismo solidario”.
“El Humanismo Cristiano se fundamenta en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y en los principios de reflexión, criterios de juicio y las directrices de acción, que la Doctrina ofrece, se encuentran todos los elementos para promover un humanismo integral y solidario.
El Humanismo Cristiano tiene como uno de sus pilares fundamentales el respeto a la dignidad de la persona humana. De todas las personas y de cada persona en particular.
Los hondureños afortunadamente, en el gran Acuerdo Nacional que está contenido en la Constitución de la República, se afirma lo siguiente: ‘La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable’. (Art. 59).
La misma Constitución agrega: ‘Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley’. (Art. 60)
Lo expresado en los párrafos precedentes ha sido fundamento de la aceptación de Recursos de Inconstitucionalidad presentados sobre el Decreto 89-2012, ante la Sala Constitucional, referentes a la fenecida Ley de Depuración Policial del 25 de mayo de 2012. Ley que sostenía un único criterio para determinar la permanencia o la salida de la institución policial, la aplicación de pruebas de confianza a todos sus miembros.
Hasta donde muchos entendidos en Derecho Constitucional han podido afirmar, los recursos no tienen como asunto de fondo, determinar si debe haber o no una depuración policial.
Esa depuración es un asunto en que todos los hondureños están de acuerdo que debe ser realizada, de inmediato, y con una gran voluntad política.
Existen diputados y organismos del Estado, que públicamente han dado declaraciones en el sentido de que la inconstitucionalidad de la ley radicaba en seis violaciones a garantías constitucionales. Y todo en aplicación a la centralidad de la persona humana que reconoce tanto el Humanisno Cristiano, como la Carta Magna de los hondureños.
Por todas estas razones, ha resultado sorpresiva la reacción del señor Presidente Lobo, de una violencia inusitada en su condición de gobernante de todos los hondureños. Lo cual ha dado lugar a una confrontación férrea con magistrados de la Sala Constitucional, a quienes acusó de estar opuestos al proceso de depuración policial.
A la reacción del presidente del Ejecutivo, se ha sumado el presidente del Congreso, quien ha guiado al Congreso Nacional a destituir a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que aceptaron los Recursos de Inconstitucionalidad y al nombramiento de los respectivos sustitutos. La destitución de los magistrados por el Congreso, según analistas de temas legales y políticos, no tiene las características de ser un acto legal, sino que es una resolución estrictamente política. Lo cual se ha justificado aduciendo precedentes de gobiernos anteriores en los cuales, también por iguales razones políticas, el Congreso Nacional realizó cambios en la Corte Suprema de Justicia.
Estas actuaciones resultan paradójicas, puesto que tanto el presidente Lobo como el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, han sido los gestores y promotores de pretender configurar a este gobierno con el pensamiento del Humanismo Cristiano. Pero con sus reacciones airadas y sus acciones violatorias de la independencia de los poderes, más bien pareciera que su mayor interés es gobernar teniendo el control absoluto de todos los Poderes del Estado. De manera que ello les puede conducir a que la persona humana sea despojada de su centralidad en la sociedad, y toda oposición sea aplastada bajo la fuerza del poder omnímodo.
Los hondureños están convencidos que quienes nos gobiernan son los responsables de velar por el fortalecimiento de la democracia y de luchar porque exista equidad social. Ya que solo de esta manera se podrá alcanzar un crecimiento económico sostenible. Ese es el camino para hacer grandes cambios en Honduras, bajo la égida de la paz y la solidaridad. Pongamos atención a lo expresado por el Señor Jesús: ‘Dichosos los que construyen la paz... Porque Dios los llamará sus hijos’”.
A Lobo le molestó el llamado de la Iglesia
Desde inicios de este mes el presidente Porfirio Lobo Sosa reaccionó molesto por el primer llamado que le hiciera la Iglesia Católica de respetar la independencia de poderes.
El pasado 6 de diciembre, los jueces y la Iglesia pidieron respeto al Poder Judicial. La solicitud se dio luego que de forma airada Lobo Sosa reaccionara molesto sobre la posición de la Sala Constitucional de calificar como ilegal el Decreto Legislativo 89-2012, que contiene la Ley de Depuración de la Policía.
“¿De qué lado están, del lado de los delincuentes o del lado de la gente honrada de este país...? ¿Del lado de quién están, de los victimarios o de las víctimas?, dijo el mandatario en ese entonces.
Luego la Iglesia Católica, a través del sacerdote Carlos Rubio, hizo un llamado de respeto a la independencia de poderes, a ser prudentes, actuar con altura conforme a la investidura que ostentan.
Además, sugirió que exista “entendimiento al diálogo y al respeto. Hay que respetar la independencia de los poderes”.
En respuesta, Lobo Sosa reaccionó molesto con EL HERALDO por publicar esta posición.
Asimismo, el mandatario demandó la posición oficial de la Iglesia Católica sobre este tema.
