Cerca de 1,000 millones de lempiras duermen el sueño de los justos en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH,) mientras decenas de hondureños pierden a diario la vida por las deficiencias que enfrentan las instituciones encargadas de la seguridad.
El gobierno ha sido incapaz de agilizar el uso de estos recursos obtenidos a costas del debilitado bolsillo de los hondureños, obligados a pagar más impuestos con el supuesto de fortalecer las instituciones de seguridad a través de la Ley de Seguridad Población o tasa de seguridad que aprobó el Congreso Nacional de Honduras.
A más de un año de iniciado el cobro de este nuevo impuesto, la situación en entidades como la Policía, lejos de mejorar, tiende a empeorar y la muestra es una reciente paralización protagonizada por agentes del distrito de Belén, que pusieron al descubierto las precariedades en las que realizan su trabajo.
El gobierno y el Congreso aseguran en sus discursos que ya hicieron lo suyo en materia de seguridad, pero la realidad es otra.
Los agentes policiales compran sus municiones, sus armas están obsoletas, los uniformes están raídos y desteñidos por el sol, los chalecos antibalas están vencidos, las botas tienen agujeros, las patrullas tienen llantas en mal estado o andan sin combustible.
Sumado a ello, los aparatos de radiocomunicación no funcionan, los tiempos de franquicia se pretenden reducir y los salarios siguen siendo deprimentes.
Esto demuestra la incongruencia y errática política de seguridad que han impulsado el gobierno Lobo y el Congreso que dirige Juan Orlando Hernández.
El “tasón”
Desde abril del año anterior se comenzaron a gravar en el sistema financiero las operaciones superiores a los 120 mil lempiras.
Se inició un cobro del 1 por ciento de los ingresos brutos mensuales de la telefonía móvil y también la recaudación del 2 por ciento de las actividades de exportación minera, así como el cobro de un 0.5 por ciento de los ingresos de las comidas rápidas.
Asimismo, el gobierno cobra un 1 por ciento sobre los ingresos totales de los casinos y máquinas tragamonedas y el 3.6 por ciento de los excedentes netos anuales del sector cooperativo.
Todas estas medidas al final impactaron en los bolsillos de los consumidores, que siguen perdiendo la vida a mansalva en un país con una tasa de homicidios de 85 por 100,000 habitantes y con un promedio de 19 muertes diarias.
El presidente Porfirio Lobo justificó el miércoles que los recursos de la tasa de seguridad no han sido destinados como establece la ley por “la maldita burocracia” que existe en las diferentes instituciones de su gobierno, abarrotadas de nacionalistas contratados por el trabajo hecho en la pasada campaña política.
Cabe señalar que desde agosto de 2011 el titular del Poder Ejecutivo integró una comisión de “intocables” encabezada por Jorge Lobo (hijo del presidente) para desburocratizar las instituciones del Estado, pero a juzgar por el malestar del gobernante, que aún ve una “maldita burocracia”, este organismo fracasó.
Fondos
Es tal la descoordinación entre el Ejecutivo y Legislativo, en su errática política de seguridad, que el “tasón” pasó a ser manejado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y no mediante el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, tal como señala la ley.
Desde que entró en vigencia este nuevo impuesto se han recaudado alrededor de 1,200 millones de lempiras, de los cuales apenas el 8 por ciento se alcanzó a invertir el año anterior.
Según datos del Comité Técnico, desde la puesta en marcha de la tasa de seguridad (abril de 2012) hasta el 31 de diciembre de 2012 se alcanzó a recaudar un monto de 834 millones de lempiras, con los cuales se ejecutaron 11 proyectos por un monto de apenas 70 millones de lempiras.
Entre estos proyectos figuran la compra de vehículos para instituciones como la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como el financiamiento de operativos de seguridad de Policía y las Fuerzas Armadas.
Del total de recursos recaudados en 2012, aproximadamente el 80 por ciento se obtuvo de las transacciones financieras hechas por los hondureños en la banca privada, el 9.0 por ciento de contribución de la telefonía móvil, 7.5 por ciento del tributo a la protección del ambiente, el 1.6 por ciento de las comidas rápidas, el 0.4 por ciento de los casinos y un 1 por ciento del aporte del sector cooperativo.
El representante del Comité Técnico de la tasa de seguridad, Juan Ferrera, declaró que una salida para agilizar el manejo de los fondos podría ser la aprobación de un decreto ejecutivo que autorice la realización de compras directas.
Las autoridades del Poder Ejecutivo han asegurado que ya se trabaja en el planteamiento de un esquema que garantice la administración ágil de estos recursos. Mientras el gobierno y el Congreso deciden qué nuevas medidas tomar, 19 hondureños pierden la vida a diario en promedio por la falta de una política de seguridad bien definida.
