Tegucigalpa, Honduras.- Honduras solo ha cumplido cinco de las 18 acciones previstas en la estrategia "Cero Deforestación 2029", según un informe divulgado este jueves por la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que insta al Estado implementar mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.
“A casi un año del lanzamiento de la estrategia 'Cero Deforestación 2029', solo cinco de las 18 acciones contempladas en el plan han sido ejecutadas”, señala una evaluación independiente presentada por la ASJ, con el respaldo de Transparencia Internacional y la Waverley Street Foundation.
El informe advierte que "13 de las 18 acciones siguen sin cumplirse, de ellas ocho no registran ningún avance, y solo cinco están en proceso de ejecución".
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, presentó en junio de 2024 la estrategia para combatir la deforestación en el país hasta 2029, con una inversión de 19.000 millones de lempiras (732,2 millones de dólares).
Entre las medidas pendientes destacan la anulación de títulos de propiedad ilegales en zonas forestales, la regulación de permisos municipales otorgados de forma irregular para el dragado de ríos y la explotación de recursos forestales, así como el fortalecimiento de los batallones ambientales, cuya capacidad se proyectaba ampliar a 8.000 efectivos.
Si bien se ha logrado el nombramiento de jueces especializados, la ASJ advierte sobre “serias limitaciones logísticas y presupuestarias” que obstaculizan el abordaje eficaz de los casos ambientales. Tampoco se ha brindado información clara sobre la implementación de sistemas de incentivos, ni se ha precisado si estos corresponden a lo establecido en la Ley Forestal o a nuevos mecanismos.
La organización clasifica varias acciones como “no cumplidas” ante la ausencia de medios de verificación por parte de las instituciones responsables, lo que impide medir objetivamente el progreso.
A esta falta de avances se suma la carencia de asignaciones presupuestarias concretas. El presupuesto general de 2024 y 2025 no contempla estructuras específicas para ejecutar la estrategia: no se asignaron los 1.000 millones de lempiras (38,8 millones de dólares) prometidos para 2024, y los 2.000 millones de lempiras (77,7 millones de dólares) anunciados para 2025 carecen de claridad sobre su ejecución, añade el documento.
El informe subraya una “profunda debilidad institucional” en la persecución de delitos ambientales, debido a la falta de recursos humanos, logísticos y operativos en fiscalías y juzgados especializados.
Esta situación ha contribuido a que casos graves, como el asesinato del líder ambiental Juan López en septiembre de 2024, permanezcan impunes, afirmó la ASJ, tras detallar que el 94 % de los delitos ambientales en Honduras no son sancionados.
La ASJ hizo un llamado al Estado para replantear la estrategia nacional, establecer mecanismos claros de coordinación interinstitucional, asignar recursos adecuados y garantizar medidas de transparencia y rendición de cuentas.
Además, exhortó al Gobierno a priorizar la prevención de incendios forestales, fomentar prácticas agrícolas sostenibles, reforzar el marco legal contra los crímenes ambientales e involucrar activamente a las comunidades locales en la gestión sostenible de los bosques.
