El gobierno de Honduras presentó una denuncia ante la Procuraduría General de México por acoso y hostigamiento sexual, en contra de un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) que mantuvo retenidas durante un mes a dos menores hondureñas en San Luis Potosí.
De acuerdo a la denuncia, presentada por el Consulado de Honduras en esa ciudad, las dos menores migrantes fueron aseguradas junto con otros dos adultos, también hondureños, en las oficinas de la Delegación del Instituto Nacional Migración, donde fueron objeto de acoso y hasta de tocamientos por parte del titular Alberto Rojo Zavaleta.
El reclamo establece que el funcionario llegaba en estado de ebriedad a la oficina frecuentemente, abusando de las niñas, por lo que las ofendidas solicitaron el auxilio de la representación diplomática de Honduras en la entidad, informan medios de comunicación mexicanos.
Alberto Rojo Zavaleta, quien fue destituido como delegado del INM en San Luis Potosí, quedó sujeto a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) por la denuncia del Consulado de Honduras
Las hondureñas, de 13 y 16 años de edad, denunciaron la agresión de Rojo Zavaleta y uno de sus colaboradores de rango menor y fueron trasladadas de la capital del estado por cuestiones de seguridad, tras rendir su declaración ante la Mesa 6, de la Agencia del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, informó Zócalo Saltillo.
El Cónsul General de Honduras en San Luis Potosí, Ósmar Adán Cárcamo Iglesias, expuso que este es el primer caso que se tiene registrado de abuso sexual en contra de ciudadanos hondureños por parte de funcionarios del INM.
Por su parte, el director de Gestión, Canalización y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pablo Loredo Oyervide, detalló que el domingo pasado recibieron una queja de presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de las menores, que refirieron haber sido víctimas de acoso sexual y tocamientos por parte del ahora exdelegado del INM.
La denuncia se turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que se trataba de funcionarios federales.
