El gobierno y la dirigencia magisterial comenzarán esta semana los diálogos para proponer reformas a la recién aprobada Ley del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
Así lo dio a conocer el ministro de Educación, Marlon Escoto, que declaró que “ellos, los maestros, son los dueños de los fondos que se administran (en el Inprema) y es muy probable que se genere una nueva discusión en torno a la ley de Inprema”.
A eso se debe sumar que “al menos en el Congreso Nacional se está gestando un ambiente que sí hay que revisar, que sí hay que escuchar a interesados sus opiniones en relación a la ley”, amplió.
Escoto aclaró que de momento, mientras la Junta Interventora del Inprema esté al frente de la entidad, “solo acompañaremos las iniciativas de los involucrados”.
Eso significa que cualquier propuesta de reforma que pueda surgir de este diálogo entre el gobierno y los maestros para hacer reformas a la Ley de Inprema se presentaría al Congreso hasta después de que los tres directores especialistas asuman sus funciones.
La Junta Interventora, que tiene más de un año de estar al frente del Inprema, deberá entregar las riendas de la institución el próximo 31 de mayo, para cuando deben estar nombrados los tres nuevos directores.
El presidente Porfirio Lobo Sosa nombró una Junta Interventora debido a que la institución iba a la quiebra debido al mal manejo financiero de administraciones pasadas.
El Inprema acumuló un déficit actuarial de 79 mil millones de lempiras.
Esa Junta impulsó una nueva ley que disminuyó los beneficios y aumentó los requisitos de jubilación para los maestros, lo que fue mal visto por la dirigencia y por la base magisterial.
La ley entró en vigencia el pasado 23 de enero, con lo que también se comenzaron a aplicar las nuevos requisitos de jubilación, que deben ser aplicados a unos 6,500 profesores que no lograron su jubilación con la ley anterior.
El Inprema tiene unos 13 mil maestros pensionados, y el pasado 23 de enero cerca de 3,500 hicieron la aplicación para hacer efectivo su retiro, sin embargo, la entidad solo tiene capacidad de absorber unos 800 cada año.
Los seis organizaciones magisteriales del país interpusieron igual número de recursos de inconstitucionalidad contra esa ley ante la Corte Suprema de Justicia.
Edwin Oliva, presidente del Colprosumah, señaló que la nueva ley tiene muchas contradicciones y que no debería tener efecto retroactivo, es decir, no debería afectar a los maestros que en este momento cumplen con los requisitos para jubilarse, unos 6,500 que quedaron fuera.
Oliva señaló además que la norma plantea salarios de 120 mil lempiras mensuales para los tres directores especialistas, lo que “es contradictorio porque el gobierno nos hace creer que el Inprema está en quiebra, pero con esos sueldos eso no es posible”.
Para la dirigencia magisterial el gobierno aspira a manejar los fondos del Inprema para cubrir parte del gasto corriente e incluso financiar campañas políticas de ciertos precandidatos políticos.
