Autoridades del Ministerio Público aún no definen quién será la persona que sustituirá en el cargo a la exfiscal de Derechos Humanos Sandra Ponce, quien meses atrás presentó su renuncia.
El fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí, manifestó en las últimas horas que en los próximos días examinará el perfil de varios profesionales para decidir quién ocupará la titularidad de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Al ser consultado sobre el procedimiento que se seguirá para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía en mención, Rubí descartó que se vaya a realizar mediante concurso, por lo que la nominación la hará el mismo fiscal general.
“Ya pedimos a la directora de fiscales que nos proporcione la lista de personas que se han especializado en la materia, y del conocimiento que nosotros tengamos y la valorización de los fiscales, vamos a proceder a nombrar al fiscal de Derechos Humanos”, explicó.
Al frente de la Fiscalía de DD HH está por ahora German Enamorado, quien era el segundo al mando mientras Ponce ocupaba la titularidad.
La exfiscal Sandra Ponce interpuso su renuncia ante el Ministerio Público a finales de noviembre; dejó de laborar en esa institución el 31 de enero pasado.
'Creo que todos proyectamos una carrera que puede tener distintas etapas, creo que en el caso de la Fiscalía hemos completado una etapa satisfactoriamente en lo personal', manifestó Ponce al presentar su renuncia.
Polémica
Durante su cargo, Ponce fue blanco de duras críticas y entró en confrontaciones con el exministro de Seguridad Oscar Álvarez, quien en su momento le acusó de poner en mal a Honduras al denunciar internacionalmente la violación de derechos humanos por parte de los agentes de seguridad.
'Como no tengo pelos en la lengua, me refiero a Sandra Ponce; yo he escuchado que ella anda buscando premios internacionales
de derechos humanos este año. Está bien, todo mundo debe anhelar tener todos esos premios, pero no a costa de la seguridad del Estado', dijo entonces Óscar Álvarez.
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La exfiscal también fue criticada por oponerse a la forma en que la Policía capturaba a supuestos delincuentes, señalando que el procedimiento utilizado no era en base a ley.
