Tegucigalpa, Honduras.-El caso contra el periodista José Carlo Panameño Maradiaga inició tras una denuncia presentada por su vecino, Edson Euclides Gutiérrez Lagos, por un incidente ocurrido el 24 de mayo de 2023 en el estacionamiento comunal de la Residencial Centroamérica Este, en Tegucigalpa.
Según la acusación, Gutiérrez Lagos sufrió lesiones faciales que fueron evaluadas por especialistas de Medicina Forense y médicos del Hospital Escuela. Estos informes, junto con otros elementos probatorios, fueron presentados durante el juicio oral y público.
Posteriormente, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa emitió una condena contra Panameño. Sin embargo, su defensa interpuso un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que se vulneró el principio de presunción de inocencia y cuestionando la valoración de las pruebas presentadas.
Tras revisar el expediente, la Sala de lo Penal concluyó que los argumentos de la defensa no eran suficientes para invalidar la sentencia. En consecuencia, declaró sin lugar el recurso de casación y dejó firme la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia.
Con esta decisión se agotó la vía ordinaria de impugnación dentro del proceso. No obstante, José Carlo Panameño anunció que presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y solicitará la suspensión del acto reclamado mientras se resuelve dicha acción constitucional.
Ante esto, los afectados Edson Euclides Gutiérrez Lagos y Marlenn I. Orellana Moreno decidieron romper el silencio que por años decidieron mantener para que la justicia se hiciera cargo de todo lo ocurrido.
A continuación, la carta íntegra compartida a este rotativo por parte de Edson y Marlenn.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
“Guardamos silencio durante tres años porque creímos que los hechos hablarían por sí solos. Hoy decidimos hablar nosotros, porque nuestra verdad también merece ser escuchada”.
Durante más de tres años, tomamos la decisión consciente de guardar silencio. Lo hicimos por respeto a las instituciones, por la firme convicción de que la verdad prevalecería en los tribunales y para evitar alimentar un conflicto que nunca buscamos. Sin embargo, el silencio también tiene un límite.
Hoy compartimos nuestra historia, no desde el resentimiento ni con ánimos de venganza, sino para dejar constancia de los hechos que han marcado nuestras vidas y del profundo impacto físico, emocional y económico que han tenido sobre nuestra familia.
El origen: Intolerancia y daños a la propiedad
Nuestra situación comenzó el 24 de abril de 2023, en la Residencial Centroamérica.
Al estacionar nuestro vehículo en un área de uso comunitario, fuimos increpados por un adulto mayor que, alegando sin pruebas que el espacio era privado, nos exigió retirarnos.
Al solicitarle respetuosamente la documentación que respaldara su reclamo, la respuesta que recibimos, junto a otras dos personas que habitaban la misma vivienda, consistió en insultos y amenazas. A la mañana siguiente, nuestro vehículo amaneció vandalizado.
Los videos de seguridad confirmaron cómo una persona quebró los vidrios con una piedra y vertió una sustancia desconocida en el tanque de combustible. Pensando en la tranquilidad de nuestro padre y suegro, con quien convivíamos en ese momento, decidimos no proceder legalmente, esperando que el altercado terminara allí.
Días después, supimos que en esa vivienda también residían el señor José Carlo Panameño Maradiaga y su esposa, la señora Monserrat Arita Guzmán, quienes adoptaron una actitud hostil que nosotros decidimos ignorar.
La agresión física y sus secuelas irreversibles
El 24 de mayo de 2023, la violencia escaló de manera drástica. Mientras mi esposo salía hacia su trabajo, fue interceptado y agredido brutalmente por el señor José Carlo Panameño Maradiaga.
Tras un reclamo injustificado, mi esposo recibió un golpe en el rostro que lo derribó, perdiendo el conocimiento temporalmente, y continuó siendo atacado mientras se encontraba indefenso en el suelo.
La magnitud de la agresión quedó evidenciada en la evaluación médico-forense: múltiples fracturas en el tabique nasal y en el hueso orbitario superior e inferior del ojo. Estas lesiones requirieron cirugía reconstructiva, con la colocación de platinas y tornillos.
A pesar de las intervenciones, el daño en su ojo es irreversible, dejándole secuelas y molestias permanentes que han mermado su calidad de vida. Por estos hechos, se iniciaron las acciones legales correspondientes y los tribunales competentes procesaron y condenaron al señor Panameño por la agresión cometida.
Acoso judicial y desgaste prolongado
Lejos de terminar con la condena, la situación dio inicio a una sistemática campaña en nuestra contra:
• Difamación: Nos enfrentamos a declaraciones públicas y señalamientos destinados a destruir nuestro honor y reputación.
• Instrumentalización de la justicia: Fuimos objeto de múltiples denuncias sin sustento ante la Fiscalía de la Mujer, Delitos Comunes, Adulto Mayor y el Juzgado de Paz. Todas fueron desestimadas por falta de pruebas.
• Persecución continua: En 2025, basándose en la misma narrativa ya desestimada, se admitió una nueva denuncia que derivó en órdenes de captura en nuestra contra. Nos presentamos voluntariamente y, una vez más, fuimos favorecidos con un sobreseimiento, aunque actualmente enfrentamos una apelación por parte del Ministerio Público.
Toda esta cadena de acontecimientos ha representado un desgaste devastador. Durante años hemos asumido altos costos legales, lidiado con la incertidumbre procesal y soportado una tensión psicológica constante.
Un llamado a la verdad y la justicia Cabe destacar que nuestro caso no es un hecho aislado; el señor Panameño enfrenta nuevas denuncias por agresiones a otros residentes de la comunidad.
Asimismo, hemos observado el aparente incumplimiento de las medidas de restricción impuestas en su contra respecto a su presencia en la residencial, situación que dejamos en manos de las autoridades competentes. Emitimos este pronunciamiento desde la dignidad.
Detrás de cada expediente legal hay seres humanos: familias que sufren, cicatrices físicas y emocionales que no desaparecen, y ciudadanos que, aun sintiéndose vulnerados, deciden seguir creyendo en las instituciones. Nadie debería enfrentar una agresión de esta magnitud, ver su honra pisoteada y verse obligado a permanecer en silencio por temor o agotamiento.
Confiamos plenamente en que la justicia actuará con objetividad y apego a los hechos, permitiéndonos recuperar la paz y la tranquilidad que nos fueron arrebatadas.
Tegucigalpa, Honduras, a los 15 días del mes de junio de 2026.
Edson Euclides Gutiérrez Lagos
Marlenn I. Orellana Moreno
