Determinaciones
Determinaciones
Tegucigalpa, Honduras.- Un juez con jurisdicción nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas distintas a la prisión preventiva a la exjueza de lo Civil, Alina María Cuadra Morales, quien es acusada del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
La extogada del Poder Judicial (PJ) compareció de forma voluntaria a la audiencia de declaración de imputado en los tribunales en la capital hondureña, para iniciar el proceso de judicialización en su contra.
El caso tiene como eje una demanda por 4,500 millones de lempiras que la Empresa Energía Honduras (EEH) interpuso en 2019 contra el Estado de Honduras. Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, Cuadra habría admitido esa demanda pese a una cláusula arbitral que obligaba a resolver el conflicto a través de un tribunal especializado, no en la vía civil.
Ese consorcio de capital colombiano proveyó durante varios años una serie de servicios al Estado de Honduras, mediante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero la situación contractual terminó a raíz de múltiples problemas entre ambas partes.
Omitió un paso del proceso
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial (PJ), agregó que "supuestamente (la encausada) omitió una cláusula arbitral, la que ella debía de haber declinado conocer y remitir el expediente a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIC) para que ellos nombraran un tribunal arbitral".
La demanda de tipo civil que la EEH interpuso en 2019, contra el Estado de Honduras, alcanzó la millonaria cifra. De acuerdo con las investigaciones del caso, el proceso judicial habría sido manipulado para beneficiar al proveedor privado de energía, a pesar de la sospecha que existió sobre la legalidad de la reclamación.
Las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron impuestas están establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. Estás son: estar bajo la vigilancia de su apoderado legal, presentarse periódicamente a firmar a la judicatura que conoce la causa legal, la prohibición de salir del país, entre otras.
La audiencia inicial fue programada para el próximo 4 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en el Circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en la avenida La Paz, en la capital.
