Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaría de Finanzas (Sefin) instan al Congreso Nacional a aprobar la Ley de Justicia Tributaria para evitar que Honduras sea catalogada como un "paraíso fiscal".
"De no tomar acciones urgentes y concretas en materia fiscal, Honduras corre el riesgo inminente de ser declarado un paraíso fiscal, por ser 1 de los 5 países del mundo en donde todavía existen figuras como acciones al portador y secreto bancario, mecanismos que propician altos niveles de evasión fiscal", indicaron las instituciones en un comunicado.
De igual manera, indicaron que recibieron la visita de Zayda Manatta, directora del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.
Junto a ella, los representantes de las instituciones mencionan que es fundamental subrayar "el incumplimiento de Honduras a los estándares internacionales podría generar serias repercusiones para el país".
Entre estas repercusiones, el SAR y la Sefin detallan:
1. Aislamiento financiero y daño reputacional: al ser incluido en listas “negras” o “grises”.
2. Elevaría el costo financiero para el Estado y las empresas: por el aumento del “riesgo país”, elevaría las tasas de interés para los préstamos que adquiere el Estado y la población.
3. La dificultad de acceso a crédito y asistencia financiera que podría bloquear el acceso a recursos provenientes de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
4. Disminución de los flujos de inversión extranjera en el país: por la desconfianza por parte de inversionistas extranjeros ante la falta de transparencia y estabilidad jurídica.
"Para prevenir estas consecuencias, el Foro Global ha hecho una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia fiscal, mismas que están ya contenidas en el proyecto de Ley de Justicia Tributaria", reiteraron.
El SAR y la Sefin aseguran que "el impacto por no implementar las medidas en el país asciende a los L10,000 millones anuales, por ello, la presidenta Xiomara Castro y su gabinete económico reiteran el llamado urgente al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, advirtiendo que, mientras el mundo avanza, Honduras sigue rezagada al no adoptar aún las reformas mínimas exigidas por la comunidad internacional".
