Tegucigalpa, Honduras.-La justicia de Estados Unidos se prepara para dictar sentencia contra el exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, acusado de integrar y operar junto a la organización criminal "Los Cachiros", uno de los carteles más violentos y poderosos de Centroamérica.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en un documento de 21 páginas presentado al juez Lewis A. Kaplan, solicitó una pena mínima de 30 años de prisión (360 meses) y dejó claro que la defensa del excongresista no ha mostrado argumentos suficientes para una reducción.
La audiencia está fijada para el 4 de septiembre de 2025.
De político a operador del cartel
Martínez Turcios, quien fue electo diputado por el departamento de Colón, es señalado de haber utilizado su experiencia militar y su cargo político para apoyar la operación del cartel.
Según la Fiscalía de EE UU, lideraba convoyes armados que trasladaban cargamentos de cocaína desde pistas clandestinas en Honduras hasta la frontera con Guatemala, con destino final en Estados Unidos.
En lugar de servir a sus electores, el documento afirma que “eligió asociarse con algunos de los narcotraficantes más grandes y violentos del país, participando en conductas delictivas que abarcaron desde el narcotráfico a gran escala hasta la violencia directa”.
La Fiscalía detalla que Martínez Turcios participó en al menos seis actos de violencia, incluyendo asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y torturas.
Entre las víctimas de estas acciones figuran personajes de la política, el periodismo y rivales criminales.
Uno de los casos más resonantes fue el asesinato del periodista Nahúm Palacios Arteaga, acribillado en marzo de 2010 en Tocoa, Colón, después de denunciar vínculos de políticos con el narcotráfico.
La acusación indica que el propio exdiputado pidió ayuda a Los Cachiros para silenciar al comunicador, quien era crítico de sus nexos.
En 2006, el político también habría intervenido en el homicidio del entonces alcalde de Trujillo, Juan Ramón Salgado, tras frustrarse su aspiración a convertirse en ministro de Seguridad.
Dos años después, en 2008, disparó contra Salvador Regalado, excolaborador de Los Cachiros convertido en rival.
Los documentos judiciales describen con crudeza la manera en que el excongresista participó directamente en secuestros y torturas.
En 2011, un individuo apodado “Alex” fue estrangulado y torturado con agujas bajo las uñas antes de ser ejecutado.
Un año más tarde, otro hombre conocido como “Mantequilla” fue secuestrado y asesinado en circunstancias similares.
Testimonios que lo incriminan
La acusación contra Martínez Turcios se sostiene en gran medida en los testimonios de Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de Los Cachiros, y su hermano Javier, quienes entre 2003 y 2013 controlaron una vasta operación que movió más de 100 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Tras ser sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2013, Rivera inició cooperación con la DEA, entregando grabaciones de reuniones sostenidas con narcotraficantes y políticos hondureños, entre ellos Martínez Turcios.
Los fiscales afirma que el exdiputado no solo fue aliado político del cartel, sino también testaferro de empresas fachadas utilizadas para lavar dinero, muchas de ellas sancionadas por Estados Unidos.
La ruta de la cocaína y la complicidad del Estado
El caso refleja cómo Los Cachiros consolidaron un imperio criminal con apoyo de políticos, policías y militares sobornados. Los cargamentos de cocaína llegaban por vía aérea o marítima a Honduras y eran transportados en caravanas armadas hacia el occidente del país.
Para garantizar la seguridad de las operaciones, Los Cachiros no dudaron en contratar a sicarios de la pandilla MS-13.
El expediente detalla que Martínez Turcios coordinó con miembros de la estructura para ejecutar ataques contra rivales y críticos.
En su carta al juez Kaplan, la Fiscalía fue tajante: los crímenes de Martínez Turcios justifican una condena de al menos 30 años.
“Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico”, argumentó el fiscal.
El rango de sentencia calculado bajo las guías federales es de 324 a 405 meses.
La defensa, sin embargo, ha pedido una reducción de hasta 15 años, alegando factores personales. Para la Fiscalía, esta petición es “inadmisible” considerando el historial del acusado.
El próximo 4 de septiembre, el juez Kaplan deberá determinar si acoge la petición de la Fiscalía o concede alguna reducción a la condena solicitada por la defensa.
Lo que está claro es que el exdiputado se enfrenta a pasar gran parte de su vida tras las rejas en una prisión federal estadounidense.
